Tegucigalpa, Honduras.- Los exfuncionarios electorales Mario Morazán, Marlon Ochoa, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, recientemente sometidos a juicio político, están en la mira del Ministerio Público.
El fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes, aseguró que se llevará a cabo una revisión de expedientes que involucran a los exfuncionarios electorales que, frente a posibles indicios delictivos, podrían estar sujetos a investigaciones.
“El informe de los juicios políticos no quedará solo en el plano político”, apuntó Reyes.
La revisión de expedientes cobra relevancia luego de que el fiscal general indicara que los procesos de juicio político podrían trascender el ámbito legislativo y derivar en acciones penales, en caso de identificarse indicios de responsabilidad criminal.
Reiteró que la actuación del Ministerio Público no se limitaría al contexto político; también evaluará irregularidades desde una perspectiva estrictamente legal que incluyen la revisión de actuaciones administrativas, como las omisiones que pudieran simbolizar faltas penales.
Ante el proceso inicial de revisión de expedientes, Yury Mora, portavoz del MP, explicó que el proceso de investigación se está llevando de forma secreta; sin embargo, no se descarta la posibilidad del inicio de un proceso penal ante causales de delito.
Mora enfatizó que cualquier decisión de comenzar una investigación formal o presentar requerimientos fiscales dependerá de la solidez de los elementos probatorios recabados durante el proceso investigativo ligado a los exfuncionarios relacionados con el juicio político.
“Los fiscales nos brindarán información una vez que se encuentren indicios de delitos; pero no hemos recibido ninguna notificación relacionada con los casos —del juicio político—”, señaló el funcionario.
Exigencias
Frente a las declaraciones oficiales del Ministerio Público, representantes de la sociedad civil exigieron que el juicio político también sea tomado como prioridad mediante una emisión directa de requerimientos fiscales contra los exfuncionarios electorales.
"Yo creo que no solamente debemos quedarnos en juicio político; este es solo un eslabón de la cadena. Hoy exigimos al Ministerio Público que presente requerimientos fiscales, porque sí hay actos que fueron conducentes a temas de delito”, explicó Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Castellanos señaló que un proceso con miembros de altos cargos electorales obliga a que la fiscalía actúe de oficio con las evidencias presentadas durante las audiencias en el Congreso Nacional.
Sin embargo, reveló que, además de las pruebas presentadas ante la comitiva del Juicio Político del Congreso Nacional, el mismo CNA cuenta con pruebas suficientes para oficializar requerimientos fiscales.
"Nosotros vamos a entregar un análisis de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que debería pasar en el marco de los juicios políticos", apuntó la directora.
Pese a eso, el Ministerio Público aseguró que las investigaciones se desarrollan bajo los principios de respeto al debido proceso, evitando adelantar criterios mientras los casos sigan abiertos.
La institución reiteró que actuará conforme a la ley y sin distinciones, y que, en caso de confirmarse indicios de delito, se procederá con las acciones penales correspondientes.
