Tegucigalpa, Honduras.- El reciente proceso de depuración institucional en las altas esferas del Estado, bajo la metodología del juicio político, no debe concluir con la simple separación del cargo de los señalados.
Diversos sectores de la sociedad civil y diputados que integraron la comisión especial han alzado la voz para exigir que el Ministerio Público (MP) asuma su rol constitucional y presente de manera inmediata los requerimientos fiscales correspondientes.
El argumento es que la destitución es una sanción política, pero la responsabilidad por presuntos actos delictivos cometidos en el ejercicio de la función pública debe ser dirimida en los tribunales de justicia penal.
Este reclamo surge tras la culminación de los juicios políticos que resultaron en la destitución de figuras de alto perfil, entre ellos el ahora exfiscal Johel Zelaya y el entonces consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, así como el exmagistrado Mario Morazán.
El proceso, que sacudió la estructura de los entes electorales y del Ministerio Público, dejó vacantes críticas que el Congreso Nacional debe suplir a la brevedad, mientras la ciudadanía espera que la justicia trascienda el ámbito legislativo y alcance la esfera penal para evitar que la impunidad se asiente tras los muros del parlamento.
“Nosotros esta semana vamos a entregar un análisis de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que debería de pasar en el marco de los juicios políticos. Yo creo de que no solamente debemos de quedarnos en juicio político, miren ustedes, este es un solo eslabón de la cadena. Hoy exigimos al Ministerio Público que presente requerimientos fiscales, porque sí hay actos que fueron conducentes a temas de delito”, señaló Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Castellanos enfatizó que el compromiso actual recae sobre los hombros del nuevo fiscal general, Pablo Emilio Reyes, instándolo a seguir la estructura que inició con estos juicios para garantizar que la rendición de cuentas sea integral.
Para el CNA, el hecho de que se haya iniciado el proceso con altos cargos electorales y fiscales obliga a que el Ministerio Público actúe de oficio sobre las evidencias presentadas durante las audiencias en el Congreso.
“Bueno, yo creo que por el orden que comenzó este juicio político por el exfiscal, el señor este Johel Zelaya, luego también por el entonces consejero del Consejo Nacional Electoral, el señor Marlon Ochoa y bueno, seguir bajo esa estructura, pero el compromiso en este momento debería de estar en el Ministerio Público”, añadió la directora del ente anticorrupción.
Fundamentos
En la misma línea, la presidenta de la comisión especial de juicio político, Tania Pinto, fue categórica al señalar que la destitución es apenas la consecuencia política de haber infringido deberes y funciones.
Pinto recordó que el actuar de estos exfuncionarios puso en precario la estabilidad democrática del país, especialmente durante el proceso electoral reciente, generando una crisis de incertidumbre que afectó incluso la economía nacional y la tranquilidad de las familias hondureñas en fechas festivas.
“No se puede permitir la impunidad en este país. Ya se dedujo la responsabilidad política que era el objeto del juicio político. Ahora, ¿qué consecuencia trajo eso? La destitución. Ahora se debe deducir las responsabilidades penales, civiles, administrativas y todo lo que tenga que ver porque ellos infringieron leyes, no cumplieron con los deberes y con las funciones para los cuales habían sido nombrados”, sentenció Pinto.
La diputada defendió la transparencia del proceso legislativo, asegurando que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa, alejando cualquier sombra de persecución política.
Según Pinto, las denuncias que dieron origen al juicio político ya están en conocimiento del Ministerio Público, por lo que la acción penal es el paso lógico para fortalecer la institucionalidad y enviar un mensaje claro a los actuales y futuros funcionarios.
“Esta comisión actuó conforme a la Constitución, conforme al debido proceso, garantizándole su derecho de defensa a todos los denunciados y esto no fue una persecución política”, puntualizó la parlamentaria.
El panorama legislativo se torna aún más convulso con la posibilidad de nuevos procesos. Alberto Cruz, diputado y secretario de la comisión especial, reveló que se está gestando una nueva denuncia dirigida contra siete diputados actuales que formaron parte de la comisión permanente creada por Luis Redondo.
Este movimiento, impulsado por algunos sectores del oficialismo, busca aplicar el mismo rigor del artículo 234 constitucional a los legisladores, aunque su trámite dependerá estrictamente de alcanzar la mayoría calificada de 86 votos en la cámara.
“Se necesita una denuncia; el Congreso Nacional tiene que darle trámite siempre y cuando se cumpla con 86 votos. Entiendo que hay algunos diputados del Partido Nacional redactando una denuncia para al menos siete miembros, que son los que sobreviven de la comisión permanente”, explicó Cruz.
Cruz subrayó que, más allá de los juicios, la prioridad inmediata debe ser llenar las vacantes en el CNE y el TJE con perfiles idóneos e independientes que no respondan a poderes fácticos.
No obstante, reiteró que la Comisión Especial detectó incumplimientos graves que ya no pertenecen al ámbito administrativo, sino a la justicia ordinaria.
“Desde luego, la Comisión Especial de Juicio Político detectó algunos de esos incumplimientos a los altos funcionarios de los entes electorales, pero es del Ministerio Público, el que tiene el monopolio de la acción penal, el que debe proceder”, dijo el diputado Cruz.
