Tegucigalpa, Honduras.- Horas después de la destitución de Marlon Ochoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), y de Mario Morazán, exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), así como de los exmagistrados suplentes del TJE Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, varios analistas opinan que deben deducirse más responsabilidades tras el juicio político.
Una de ellas es Julieta Castellanos, socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien señaló que la deducción de responsabilidades no debe limitarse únicamente a la destitución e inhabilitación de los funcionarios, sino que debe extenderse a otros actores que habrían participado en la crisis electoral.
“Esto no puede quedar en el olvido ni en simples faltas; debe tener consecuencias”, dijo Castellanos.
Asimismo, aseguró que el juicio político no es un juicio penal, ni administrativo ni civil, sino que sirve únicamente para determinar si un funcionario tiene la idoneidad y la confianza para ejercer el cargo, y si ha cumplido o no con su deber, pudiendo suspenderlo de sus funciones.
“Una vez que se confirma que no es idóneo en el cargo porque no cumple con lo que le corresponde hacer, y de hecho no cumplieron, es más, interfirieron”, recriminó.
Refiriéndose al juicio de los cuatro funcionarios, aseguró: “No fue por negligencia, no es porque no pudieron o porque son incompetentes; el problema del proceso electoral es que actuaron para interferir negativamente en el proceso electoral, y no pueden estar en un cargo que demanda de ellos, primero, el cumplimiento de la ley, la ética política y la transparencia”.
Castellanos afirmó que los funcionarios no son idóneos en el cargo, ya que, según ella, lo que hicieron fue “obedecer a un partido político que les dio instrucciones para obstruir el proceso electoral”.
Tras el juicio político y la destitución, Castellanos dijo: “La parte que sigue es saber qué sanciones tiene eso, si van a ser sanciones administrativas, penales o civiles”.
Agregó que habrá que ver qué tipo de investigaciones toma el fiscal general, qué acciones o requerimientos plantea, o si los hechos se quedan en faltas o se constituyen en delitos.
“Esto no puede ser vuelta de página y aquí abracémonos que todo está bien; no, esto tiene que tener consecuencias, porque de lo contrario estos funcionarios van a ampararse en el concepto de víctima y persecución”, afirmó.
Sostuvo que el Estado debe demostrar que, con sus hechos, los funcionarios representaron una amenaza al proceso electoral y deducir responsabilidades, de lo contrario todo quedará en simples faltas.
“Lo que hemos visto hasta ahora son acciones deliberadas y coordinadas”, añadió Castellanos.
Otro de los analistas citados por Cholusat Sur es Kenneth Madrid, quien según este medio pidió este viernes al Congreso Nacional remitir al Ministerio Público los expedientes de los exfuncionarios destituidos mediante juicio político.
Comisión de investigación
La presidenta de la comisión de investigación del juicio político contra los cuatro funcionarios, Tania Pinto, aseguró que queda en manos de la Secretaría del Congreso Nacional la decisión de enviar o no el informe presentado al MInisterio Público.
Pinto explicó que los funcionarios destituidos quedan separados de sus cargos y podrían ser inhabilitados hasta por 10 años para ejercer funciones públicas.
El informe, que contiene 184 páginas, es clave para seguir deduciendo responsabilidades a los destituidos. Este podría ser remitido al Ministerio Público o la institución podría actuar de oficio tras las conclusiones del juicio político.
Argumentó que el documento contempla posibles delitos atribuidos a los altos funcionarios, entre ellos: intimidación, violencia, actos denigrantes contra las personas y hostigamiento al personal, según detalló Pinto.
Pinto afirmó: “Se debe deducir responsabilidad; a mi criterio, no debe quedar en la impunidad”.
