Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional revirtió la exoneración transitoria de multas y sanciones que había aprobado ayer en favor de los excandidatos a alcaldes y diputados que incumplieron con la presentación de sus informes financieros de campaña correspondientes a las elecciones primarias y generales de 2025.
Mediante una moción de reconsideración del acta, la junta directiva del Legislativo determinó anular por completo los alcances del decreto que pretendía otorgar un nuevo plazo de dos meses calendario a los políticos infractores de la Ley de Política Limpia.
La sorpresiva maniobra legislativa deja sin valor ni efecto legal el perdón financiero antes de que este fuera enviado al Poder Ejecutivo para su respectiva sanción y posterior publicación en el diario oficial La Gaceta.
Con esta anulación, todos los exaspirantes de los diferentes partidos políticos que mantengan saldos pendientes en su rendición de cuentas quedan expuestos de forma automática a la aplicación de severas multas de hasta 90,000 lempiras, y a las posteriores ejecutorias de cobro judicial por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
"Hemos tomado la determinación de presentar una moción de reconsideración para dejar sin valor y efecto el decreto de amnistías y prórrogas a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, que se engavete el decreto, se saque del acta y se dé por no aprobado", sentenció Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
La determinación de engavetar la amnistía responde a un viraje ético dentro del Parlamento, impulsado por las críticas internas ante la falta de rigurosidad de los propios congresistas y la necesidad de sentar un precedente de orden en la administración pública.
Zambrano argumentó que el Congreso Nacional no puede promover políticas de laxitud tributaria o perdonar la irresponsabilidad fiscal de los líderes comunitarios cuando paralelamente se intentan aplicar deducciones salariales a los diputados que faltan a las sesiones legislativas.Bajo este nuevo criterio, la aceptación de una precandidatura o candidatura en los niveles electivos municipal y legislativo acarrea obligaciones constitucionales ineludibles que todo ciudadano debe prever antes de inscribirse ante los órganos electorales.
"Hemos considerado que el que participe y se inscribe, ya sea en primarias y en elección general, tiene responsabilidades desde que acepta el cargo de participar, tiene responsabilidades, tiene obligación, los que participan no son niños", agregó Zambrano.
Los congresistas aclararon que los aspirantes que no recibieron financiamiento privado ni ejecutaron gastos proselitistas tenían la vía legal abierta para cumplir con el estamento, bastando únicamente con la entrega de una nota formal que acreditara la ausencia de movimientos bancarios.
La anulación del decreto reactiva la total operatividad de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) permitiendo a sus comisionados continuar con las auditorías de los Estados de Resultados y Balances Generales del proceso de 2025 sin interrupciones o prórrogas excepcionales.
La reconsideración del acta fue turnada de manera inmediata a la secretaría de la junta directiva para que se realizara la enmienda en los registros oficiales del Congreso, cerrando de forma definitiva la posibilidad de revivir el beneficio presupuestario en la presente legislatura.
