Tegucigalpa, Honduras.- Lo que a simple vista parecía una serie de ausencias administrativas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), escondía en realidad un plan calculado para asfixiar la democracia desde adentro.
Así lo denunció el diputado liberal y secretario de la comisión investigación de juicio político, Alberto Cruz, al detallar ante el pleno la existencia de lo que denominó como “la trama de la silla vacía”.
Según el informe, esta estrategia no fue un hecho aislado ni circunstancial. “Lo que sucedió en el proceso electoral fueron hechos sistemáticos y premeditados que hemos identificado como comisión para entorpecer el proceso electoral”, explicó Cruz, subrayando que la maniobra consistía en utilizar la ausencia física de los funcionarios como un arma de bloqueo institucional.
El funcionamiento de la trama era mecánicamente simple pero políticamente letal, al conocer las debilidades de la legislación vigente, los funcionarios denunciados sabían que su incomparecencia tenía un efecto dominó.
“Los altos funcionarios sabían que una silla vacía rompe el quórum; sabían que rompiendo el quórum rompen la continuidad del ente electoral y paralizan un calendario en el CNE y la administración de justicia en el TJE”, detalló el secretario de la comisión.
Esta parálisis se dividió en dos etapas estratégicas diseñadas para cubrir todo el espectro electoral.
Cruz fue enfático al describir este cronograma: “La etapa antes del 30 de noviembre era una intención clara de evitar que haya elecciones; la trama después del 30 de noviembre tenía una intención clara de evitar la declaratoria de resultados”.
Bajo este esquema, la silla vacía de Marlon Ochoa bloqueó el cronograma del CNE desde mayo de 2025, mientras que el TJE quedó inmovilizado desde octubre del mismo año.
Uno de los puntos más graves de la denuncia presentada por Cruz es que los entes electorales no actuaron solos.
El diputado señaló una confabulación de gran escala que incluyó al Ministerio Público, la Procuraduría General de la República (PGR), las Fuerzas Armadas e incluso a la Empresa Nacional de Artes Gráficas.
“Se sorprenderá el pueblo hondureño: se confabuló hasta La Gaceta, que se negaba a publicar resoluciones administrativas de los entes electorales”, denunció.
Cuando la táctica de la ausencia dejó de ser suficiente, la trama pasó a una fase ofensiva de hostigamiento.
“Una vez que esta silla vacía ya no servía como estrategia, pasaron a la persecución penal, el acoso y el hostigamiento”, relató Cruz.
Esta ofensiva se dirigió no solo contra las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, o los magistrados que intentaban mantener el proceso a flote, sino que se trasladó de forma “cobarde” hacia sus equipos de trabajo.
El diputado Cruz explicó que la segunda fase del plan incluyó la judicialización de la política.
“La persecución penal comenzó con prueba fabricada, prueba que carecía de cadena de custodia. Inusualmente, el Ministerio Público inició esa persecución con una velocidad increíble”, afirmó.
Como parte de esta "orquesta" institucional, el 31 de octubre se presentaron recusaciones simultáneas en el CNE y el TJE para inhabilitar a quienes sí cumplían con sus deberes.
Asimismo, desestimó las justificaciones de Mario Morazán sobre sus inasistencias, aclarando que su obligación legal, ante cualquier desacuerdo, era emitir un voto particular razonado y no abandonar intempestivamente las sesiones rompiendo el quórum.
El secretario de la comisión rindió tributo a los empleados que, desde el anonimato, sufrieron acoso y desplazamientos forzados para proteger su integridad mientras defendían el proceso.
Para Alberto Cruz, la destitución de los funcionarios es el cierre necesario de un capítulo oscuro.
“La conclusión de esta comisión es que los altos funcionarios denunciados incurrieron en responsabilidad política por incumplimiento de sus deberes constitucionales. El proceso electoral 2025 no puede ser una anécdota; hay que sentar precedentes”, concluyó,
Se reafirmó que al ahira exmagistrado Mario Morazán y al exconsejero Marlon Ochoa no los llevó el Congreso al banquillo de los acusados, sino su propio incumplimiento a la Constitución de la República.
