Tegucigalpa, Honduras.- Con sus inasistencias, los consejeros afines al oficialismo obstaculizan el proceso electoral y el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo cual es castigado por el Código Penal de Honduras.
Así lo consideran varios expertos consultados por EL HERALDO que citan los artículos 542 y 544 del Código Penal, donde de forma explícita y clara se establece una pena contra quienes atenten contra el desarrollo de las funciones del CNE y el calendario electoral.
"Cuando usted obstaculiza la realización del cronograma electoral sin causa justificada hay un tipo penal en el artículo 544 numeral 19 en el Código Penal que establece que debe ser penado entre 4 a 6 años, y allí también se configuran otros delitos por no cumplir con las responsabilidades que tienen los funcionarios", indicó el dirigente liberal y abogado Octavio Pineda.
Continuó: "Su primer responsabilidad establecida en la Constitución de la República, establecida en la Ley Electoral es asegurar las libertades de elegir y ser electo. Si usted obstaculiza este proceso por cualquier medio esta rompiendo con esos principios establecidos en la Constitución".
Por su parte, el analista Germán Licona sugirió a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall interponer una denuncia ante el Ministerio Público por la ausencia de su compañero Marlon Ochoa.
"A las consejeras lo que tienen que hacer es poner la denuncia al Ministerio Público porque como decimos en la misma Constitución, los constituyentes dejaron una trampa en el artículo 57 que establece la acción penal, o sea que para que se interrumpa la prescripción es que el MP conozca", señaló.
Este martes, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra tres de los consejeros por los delitos de traición a la patria, delitos electorales y abuso de autoridad debido a sus recientes actuaciones contra varias actividades del calendario electoral.
La acción fue ejecutado por miembros del Movimiento Ciudadano Democrático (conformado por militantes de los partidos Nacional, Liberal y Democracia Cristiana) y el Movimiento Unidos por la Democracia.
En la misma línea fue denunciado ante el MP el líder y coordinador de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos, por la comisión de delitos electorales.
Desde otra perspectiva, el abogado Javier Sandoval señaló que los consejeros suplentes, Carlos Cardona y Karen Rodríguez, y el propietario Ochoa deberían ser interpelados por el Congreso Nacional ya que su actitud bloquea el cronograma de actividades electorales.
El origen del conflicto surge porque Ochoa no apoya la decisión tomada por mayoría en el pleno del CNE sobre que las actas con inconsistencias no sean divulgadas automáticamente por el sistema del Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y sean revisadas por verificadores humanos antes de sumar al conteo preliminar.
En un intento para boicotear el proceso, el consejero de Libre no se presentó a la recepción de ofertas para la licitación del sistema de transmisión de resultados preliminares -finalmente, no se desarrolló porque colectivos de Libre bloquearon el paso a los oferentes-.
Ochoa tampoco se presentó a la reunión de trabajo convocada por la consejera presidenta para evitar formar quórum en el pleno como otra forma para frenar el calendario electoral. La misma actitud tomaron los suplentes ante los respectivos llamados.
Instalación de pleno por mayoría
En tanto, las consejeras López y Hall agotan todas las instancias legales para quedar habilitadas con el propósito de formar el pleno por mayoría ante la renuncia de los concejales afines a Libre a integrarse a las reuniones.
“Ahora mismo se ha hecho una convocatoria por excepción para evaluar la posible instalación por quórum de mayoría, les quiero comentar algo, estamos esperando un dictamen legal respecto a eso, porque este reglamento de sesiones y está Ley Electoral defiende a Honduras de un posible presidente del Consejo Electoral que tenga actitudes dictatoriales, pero no lo defiende de otro consejero que lo tenga”, detalló la consejera presidenta.
Sostuvo que "hay algunas teorías que dicen que debería ser alguien más que convocarán y no el presidente, quien naturalmente es quien lo hace, si nos asiste la Ley General de Administración Pública en su artículo 110 para sesionar por mayoría, sin embargo, necesitamos claridad en los procedimientos".
López expuso que “el dictamen legal que haga la verificación sobre los lineamientos y la justificación que envió la consejera Karen Rodríguez y que podamos validar cada uno de los pasos para que nosotros no estemos expuestas en materia de responsabilidad y dejemos de hecho desamparado el proceso”.
El presidente del Colegio de Abogados (CAH), Gustavo Sólorzano, recordó al consejero de corte oficialista que la aprobación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, situación por la cual inicialmente se generaron los desacuerdos.
"Me han preguntado mucho sobre el tema de la decisión de consenso del artículo 279 de la Ley Electoral, sobre este tema ya la decisión fue tomada en el plazo legal y por unanimidad", reiteró.
Solórzano señaló que "no hay nada que debatir en cuanto a ese tema, el mismo ya está resuelto y lo único que cabía era un recurso sobre esa resolución ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en la resolución que se comparte se aprecia que las actas que tengan inconsistencias o errores se deben de revisar y validar".
