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Tegucigalpa, Honduras. -Las negociaciones para aprobar las reformas electorales en el Congreso Nacional avanzan con acuerdos sobre cambios en el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), pero siguen estancadas en propuestas de mayor alcance.
La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional proyecta aprobar un primer paquete de modificaciones antes del 20 de diciembre, aunque las diferencias entre las bancadas condicionan el avance de las discusiones.
Entre los consensos figuran eliminar la exigencia de unanimidad en las resoluciones del CNE y el TJE para adoptar la mayoría simple, establecer sanciones contra autoridades que obstaculicen los procesos electorales, prohibir la contratación de empresas extranjeras para divulgar los resultados preliminares y obligar al Estado a aprobar el presupuesto electoral con un año de anticipación.
Mientras tanto, la aprobación de las reformas que requieren cambios constitucionales seguirá dependiendo de que el Congreso consiga los 86 votos y cumpla el procedimiento de ratificación en una segunda legislatura.
A continuación, las claves de las negociaciones.
1. Los acuerdos que ya tienen más de 86 votos
Uno de los principales avances en las negociaciones es la modificación del régimen de quórum y resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
La propuesta busca eliminar la exigencia de unanimidad para adoptar decisiones y sustituirla por la mayoría simple, un cambio que permitiría evitar que uno de los integrantes de estos organismos bloquee su funcionamiento.
Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, aseguró que esta iniciativa ya cuenta con más de 86 votos en el Congreso Nacional.
Se trata de uno de los pocos puntos en los que existe un respaldo legislativo suficiente, según la proyección del presidente de la comisión, para avanzar con las reformas sin que las diferencias políticas impidan su aprobación.
El dictamen también contempla establecer sanciones severas contra las autoridades electorales que intenten paralizar o boicotear los procesos electorales.
La intención es incorporar mecanismos que permitan responsabilizar a los funcionarios que obstaculicen el desarrollo de las elecciones.
A esto se suma la propuesta de prohibir la contratación de empresas extranjeras para la divulgación de resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Otro punto de coincidencia es obligar al Estado a aprobar el presupuesto electoral con un año de anticipación a las elecciones primarias y generales, con el propósito de garantizar una planificación financiera oportuna.
2. Los temas que estancan las negociaciones
Las mayores diferencias se concentran en tres transformaciones: la implementación de la segunda vuelta electoral, la ciudadanización de las JRV y la posibilidad de establecer al TJE como última instancia jurisdiccional en materia electoral.
Son propuestas que implican modificaciones importantes en la estructura y el funcionamiento del sistema político y electoral hondureño.
Rivera Callejas reconoció las dificultades para alcanzar acuerdos en estos asuntos. "Se complica el tema de la segunda vuelta, se complica el tema de la ciudadanización de las mesas, se complica el tema de que el TJE sea la última instancia", advirtió.
Estas diferencias evidencian que el respaldo a los cambios institucionales no necesariamente significa que exista un acuerdo sobre la transformación del modelo electoral.
3 ¿Qué quieren los diputados del Partido Liberal?
La bancada del Partido Liberal condiciona su respaldo al paquete de reformas a la incorporación de la segunda vuelta electoral y la ciudadanización de las juntas receptoras de votos.
Su planteamiento también incluye sacar a los partidos políticos de los organismos electorales, con el argumento de evitar que los intereses partidarios interfieran en la organización y desarrollo de los comicios.
Para los liberales, estos cambios son condiciones fundamentales para acompañar las reformas.
La principal justificación del Partido Liberal es evitar que un presidente llegue al poder con un porcentaje minoritario de los votos.
Sus diputados consideran que la segunda vuelta permitiría consolidar mayorías electorales y fortalecer la legitimidad de los gobiernos, especialmente cuando ninguno de los candidatos logra un respaldo suficientemente amplio en la primera votación.
4. Las exigencias de Libre para respaldar las reformas electorales
La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) mantiene congelado su respaldo al paquete de reformas mientras no se resuelva la falta de sus representantes en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral.
Libre exige que se nombren los consejeros y magistrados que le corresponden, después de los juicios políticos y las vacantes generadas en ambos organismos.
Aunque el partido tiene coincidencias conceptuales en varios artículos de la propuesta, sus diputados mantienen su respaldo condicionado a la solución de este conflicto.
5. Propuestas de la sociedad civil
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Aixa Zelaya, anunció que se prevé instalar una mesa técnica entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre para discutir alrededor de 87 propuestas adicionales presentadas por diferentes sectores de la sociedad civil.
La iniciativa pretende abrir un espacio de análisis sobre otros componentes del sistema electoral que no se limitan a las reformas actualmente negociadas en el Congreso Nacional.
Entre los asuntos que se abordarán figuran la inclusión, el funcionamiento y fortalecimiento del órgano electoral, la participación política de las mujeres, la transmisión de resultados preliminares y el presupuesto destinado a los procesos electorales. "Hay alrededor de 87 propuestas adicionales.
Dentro de ellas está el funcionamiento del órgano electoral, el tema de inclusión, el tema de género y el fortalecimiento de la participación de la mujer", manifestó Zelaya.
Aclaró que algunas de las modificaciones propuestas requieren reformas constitucionales, por lo que no basta con una aprobación inicial del Congreso Nacional: también deben ser ratificadas en una segunda legislatura.
En ese sentido, la consejera presidenta señaló que la viabilidad de estos cambios dependerá de que los diputados consigan los 86 votos necesarios. "Eso ya será el Congreso Nacional, si logra esos 86 votos", expresó.
