Tegucigalpa, Honduras.- El debate para la aprobación de las reformas electorales en el Congreso Nacional avanza bajo un escenario de intensas negociaciones, donde la búsqueda de consensos se ha topado con posturas encontradas entre las principales fuerzas políticas.
Pese a las diferencias de fondo sobre la transformación del sistema de votación, la Comisión de Asuntos Electorales mantiene la proyección de aprobar un paquete inicial de cambios institucionales antes del 20 de diciembre de este año, fecha en la que inicia el receso.
Entre los puntos de coincidencia destacan la modificación del régimen de quórum y resoluciones dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), eliminando la exigencia de unanimidad para adoptar la mayoría simple.
El dictamen preliminar incluye la creación de sanciones severas para las autoridades electorales que intenten paralizar o boicotear los procesos, además de la prohibición de contratar empresas extranjeras para la divulgación de resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Asimismo, existe consenso para obligar al Estado a aprobar el presupuesto electoral con un año de anticipación a la celebración de los comicios primarios y generales.
"En la organización, funcionamiento y administración del TJE y del CNE, de que la unanimidad desaparezca en resoluciones y en quórum y que sea simple mayoría, en esas tenemos ya más de 86 votos", expresó Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales.
Sin embargo, propuestas de amplio calado como la segunda vuelta electoral, la despolitización de las juntas receptoras de votos y la condición del TJE como última instancia jurisdiccional enfrentan serias complicaciones para su viabilidad técnica y política.
"Se complica el tema de la segunda vuelta, se complica el tema de la ciudadanización de las mesas, se complica el tema que el TJE sea la última instancia", advirtió Rivera Callejas.
Desde la bancada del Partido Liberal, la posición oficial supedita el acompañamiento del paquete normativo a la inclusión de la segunda vuelta electoral y la despolitización de las mesas electorales.
Los parlamentarios liberales sostienen que el objetivo prioritario debe ser otorgar legitimidad y fuerza a los futuros gobiernos a través de mayorías consolidadas en las urnas.
"Aprueben la segunda vuelta, que se ciudadanicen las mesas y sacar de los organismos electorales a los partidos políticos para que de esa manera no se contaminen los procesos electorales", manifestó Marlon Lara, diputado del Partido Liberal.
El congresista enfatizó que el país requiere evitar mandatarios electos con porcentajes minoritarios, por lo que buscarán alianzas parlamentarias para asegurar los 86 votos requeridos por la Constitución.
"Nuestra condición es que los gobiernos sean fuertes, que no salgan con una minoría, sino que salgan con una mayoría", puntualizó Lara.
Libre exige sus vacantes en el CNE y TJE
Por su parte, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) congeló su respaldo al paquete de reformas electorales a la espera de que se resuelva la falta de sus representantes en el CNE y en el TJE.
Tras los juicios políticos y vacantes generadas en los órganos electorales, la institución política exige el nombramiento inmediato de los consejeros y magistrados correspondientes como condición previa para participar en las votaciones.
A pesar de existir coincidencia conceptual en varios artículos de la propuesta, la falta de 86 votos para la elección de las autoridades pendientes mantiene paralizado el apoyo de los diputados de Libre.
El distanciamiento de esta fuerza política dificulta la consolidación de la mayoría cualificada en el hemiciclo, supeditando la aprobación integral de los cambios electorales a la resolución previa de la crisis de integración en los entes de justicia y administración electoral.
