Tegucigalpa, Honduras
El presidente Juan Orlando Hernández giró instrucciones a las instituciones involucradas en la protección de la niñez para que articulen fuerzas para rescatar a los menores migrantes que se encuentran detenidos en Estados Unidos.
Lo anterior lo solicitó ante la creciente ola de niños hondureños que están emigrando a la unión americana, en su mayoría en busca de sus padres y familiares, pese a las amenazas y peligros que existen a lo largo de la ruta hacia tierras norteamericanas.
El nuevo llamado fue realizado debido al imparable flujo de niños, niñas y adolescentes en diferentes puntos fronterizos entre Estados Unidos y México, que ha desencadenado el colapso de casi todos los centros de detención de menores de Arizona y Texas.
Según datos del gobierno estadounidense, al menos 35,000 menores no acompañados y procedentes Guatemala, El Salvador y Honduras han llegado a la frontera de Estados Unidos durante los últimos ocho meses, siendo la gran mayoría hondureños.
“No podemos dejar de lado el problema de los niños que se van, los llevan o los envían pensando que al llegar el niño junto a su madre la situación va a ser diferente, nuestro embajador (Jorge Milla Reyes) hizo una visita a un centro de menores en Estados Unidos y es inhumano el drama, eso no puede seguir siendo”, expresó el gobernante hondureño.
Washington
Hernández viajó el pasado jueves a Washington a sostener reuniones con empresarios norteamericanos y funcionarios del Departamento de Estado, pero antes de partir pidió a la Primera Dama, Ana García, iniciar acciones para atender a los menores detenidos en Estados Unidos.
El titular del Ejecutivo sostuvo que su gobierno trabajará fuertemente en prevenir que más niños hondureños continúen emigrando del país y señaló que para lograrlo se ha creado una dirección que será coordinada por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), misma que será encargada de la defensa de la niñez y adolescencia.
“Espero que esta dirección (Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia) sea el punto de partida para que la cooperación internacional, sociedad civil y las iglesias nos ayuden a orientar estos padres o familiares de niños una vez que retornan, porque es grave que un padre, madre o pariente se desentienda de esa situación y mande a un niño por esa ruta”, indicó.
El pasado jueves, la Primera Dama confirmó que por instrucciones de la Presidencia ya se procedió a integrar una comisión interinstitucional que se encargará de formular estrategias para abordar la problemática.
La Primera Dama aseguró que ya se comenzó a trabajar además en acciones para atender a los niños que comiencen a ser deportados por Estados Unidos y de manera simultánea iniciar una labor con las familias en el país.
La esposa del mandatario anunció que en los próximos días viajará a los estados de Texas y Arizona para constatar el trato que están recibiendo los infantes y gestionarles procesos de deportación más expeditos.
De acuerdo con el gobierno, ya existe un plan para repatriar y reinsertar a los menores, el cual está contemplado en cuatro etapas.
Plan
En primera instancia, la Cancillería de la República coordinará la apertura de consulados en los puntos fronterizos más álgidos para que puedan brindar asistencia a los menores y migrantes hondureños que transiten esta zona.
Además, se harán las gestiones pertinentes con las autoridades de Estados Unidos para profundizar sobre el marco regulatorio de los menores.
Para evitar más fuga de menores al extranjero, se reforzará la vigilancia en las fronteras y se castigará con todo el peso de la ley a las personas dedicadas al tráfico de menores, a la vez que se hará una investigación exhaustiva de casos de corrupción y colusión en los puntos fronterizos.
En relación a los niños que ya cruzaron las fronteras hondureñas y son retornados al país, la Secretaría de Desarrollo, la Fiscalía de la Niñez y la Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), los recibirán bajo un protocolo de atención en la frontera y con el Programa de Asignación Familiar (Praf), se le abrirá un expediente para integrar al menor a los programas sociales del gobierno.
Además, el padre o responsable firmará un acuerdo que establece responsabilidad legal en caso de que el menor vuelva a emigrar del país.
Todas las medidas serán acompañadas por una campaña mediática de concientización que muestra los riesgos y los abusos a los que son sometidos los menores.
