Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional, Antonio "Toño" Rivera, aseveró que responsabilizar al Gobierno de Nasry Asfura por la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) es un acto de "politiquería".
"Echarle la culpa a este gobierno es pura politiquería", expresó el parlamentario a Radio América.
A su criterio, la cancelación del TPS para ciudadanos hondureños es consecuencia de las acciones que tomó la administración de Libertad y Refundación (2022-2026) presidida por Xiomara Castro, resaltando que hubo una mala relación con Estados Unidos.
Rivera mencionó la denuncia al tratado de extradición (del cual luego Castro se retractó), la inasistencia a la Cumbre de las Américas y la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán son algunas de las acciones que influyeron en que Honduras ya no fuera vista con confianza.
"Retaron de cualquier forma al Gobierno de Estados Unidos, y sus aliados eran Cuba, Venezuela, China. No era Estados Unidos. Eso lo vio tanto el Gobierno de Biden como el Gobierno de Trump y dijo ´no, estos no son nuestros amigos´", recalcó.
Para Rivera, algo que sí pudo mejorar la administración de Asfura fue tener más acercamiento con Estados Unidos y llegar a una negociación. "Creo que sí se hizo, pero no tuvo buenos resultados porque ya era una decisión tomada desde hace algún tiempo", añadió.
Riesgo de deportaciones
Este martes el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) reafirmó que serán deportadas las personas a las que se les terminó el TPS.
“TODAS las terminaciones de TPS están ahora EN VIGOR. Aquellos con TPS terminado deben irse AHORA. Si no lo hacen, los DEPORTAREMOS”, escribió el DHS en su cuenta de X.
Desde el 8 de septiembre de 2025 se terminó oficialmente el TPS para los hondureños nepalíes y , pero tras una serie de litigios, el 31 de diciembre de ese mismo año una jueza declaró ilegal la anulación del estatus migratorio.
No obstante, el 9 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco suspendió la sentencia de la jueza, por lo que ahora el Gobierno estadounidense puede proceder a expulsar a los exbeneficiarios.
