¿Qué hay detrás del dudoso contrato de arrendamiento de ocho lanchas de alto poder
aprobado a espaldas del pueblo hondureño por el Congreso Nacional (CN)?
Es la interrogante que ha quedado en el ambiente ante el misterio que rodea el millonario alquiler autorizado en medio de los graves aprietos económicos que atraviesa la administración de gobierno, con dificultades, incluso, para cumplir sus obligaciones salariales.
El cuestionado contrato fue aprobado en una sesión sin periodistas (a puerta cerrada) la noche del miércoles y consiste en el alquiler con opción a compra de dos embarcaciones grandes de alto poder denominadas corbetas y seis lanchas interceptoras de alta velocidad para combatir el narcotráfico.
El contrato de arrendamiento fue establecido por un periodo de 13 años con un año de gracia por un monto de 62 millones de dólares (cerca de 1,200 millones de lempiras) a través de la empresa Servicios Marítimos Internacionales Sociedad Anónima de Capital Variable, recién creada en mayo del año en curso.
Para realizar dicha contratación las autoridades obviaron el procedimiento de la licitación, pues fue aprobada de manera directa bajo el argumento de “seguridad nacional”.
La escueta información proporcionada por el gobierno y el propio Congreso Nacional sobre la millonaria contratación ha desatado reacciones de diversos sectores que consideran “amañada” y “leonina” la adquisición de las lanchas que se pretenden asignar a la Fuerza Naval de Honduras.
Marlon Pascua, ministro de Defensa, salió al paso de los cuestionamientos y aseguró que, por el contrario, el gobierno se ha “excedido” en transparentar el arrendamiento aprobado en horas de la noche a espaldas de los hondureños.
“Se quiere satanizar una operación que no tiene nada de irregular, estamos en un proceso electoral, la gente está muy sensible, se ha querido señalar para vender noticia, tratar de señalar que esto es una operación donde hay irregularidades y algo escondido, eso está muy lejos de la realidad, más bien nos hemos excedido de transparencia”, afirmó el funcionario.
Lanchas
Pascua indicó que no existe nada irregular en la contratación de las lanchas, pues sostuvo que se trata de una operación que se ha venido preparando desde hace dos años luego de que Honduras fuera favorecida con un financiamiento avalado y garantizado por el gobierno de Holanda.
El funcionario justificó que la Ley de Contratación del Estado permite la contratación directa para este tipo de operaciones y reconoció que la empresa responsable del suministro de las embarcaciones fue creada en mayo pasado.
“La empresa arrendadora fue creada para este fin porque es una exigencia de Finanzas y Holanda, porque la figura era la adquisición por un préstamo, después el gobierno recomendó la creación de la figura de un contrato de alquiler con opción a compra, por eso se hizo”, explicó.
Pascua aseguró que dicha empresa la encabeza “el representante del gobierno de Holanda en Honduras” y afirmó que “no hay hondureños” en vista de que “así lo pidió el gobierno de Holanda”.
El ministro de Defensa dijo que después del periodo de arrendamiento de las lanchas “Honduras da 100 dólares y la concesión de todas las embarcaciones pasa al Estado de Honduras”.
Rigoberto Espinal es el comandante general de la Fuerza Naval de Honduras y explicó que las ocho embarcaciones que se pretende adquirir permitirán fortalecer las acciones de combate al narcotráfico en aguas territoriales hondureñas.
Espinal sostuvo que la contratación establece la adquisición de dos embarcaciones corbetas de aproximadamente 7.5 metros de largo con una capacidad de 47 tripulantes que pueden desarrollar una velocidad de entre 35 y 40 nudos en alta mar.
Dichas embarcaciones cuentan con cuatro cubiertas y equipamiento de alta tecnología que incluye radares para poder detectar todo tipo de embarcaciones que violenten los límites marítimos hondureños.
Adicionalmente, indicó, se están adquiriendo seis lanchas interceptoras que desarrollan una velocidad de hasta 55 nudos (unos 90 kilómetros por hora) que se utilizan para el seguimiento y persecución de las embarcaciones rápidas que utiliza el narcotráfico.
“También estamos adquiriendo la remodelación del Centro de Reparaciones Navales que lo tenemos acá (Puerto Cortés) que va a ser el mejor
Centro de Reparaciones de Centroamérica, vamos a estar a la vanguardia, la misma compañía nos está diciendo que todas las embarcaciones que ellos produzcan de este tipo serán reparadas en nuestras instalaciones”, subrayó Espinal.
“Todas las embarcaciones que construyan para Centroamérica y el mar Caribe serán reparadas en Puerto Cortés, será una oficina de ellos donde las embarcaciones vendrán a mantenimiento, actualmente no tenemos nada de esto, es una remodelación completa en la cual se puede administrar y los fondos que se produzcan puede ser para pagar las embarcaciones”.
El comandante de la Fuerza Naval manifestó que esa unidad de las Fuerzas Armadas urge equipamiento para hacerle frente a los narcotraficantes y también para garantizar la seguridad de los pescadores hondureños.
Polémico decreto ya fue ratificado por el Congreso
No hay vuelta atrás, el decreto mediante el que se aprueba el contrato de arrendamiento de equipo para la Fuerza Naval de Honduras fue ratificado en el acta de la sesión del miércoles, con el voto en contra de siete diputados.
Aunque la sesión se celebró a puertas cerradas, al darle lectura al punto de acta se informó que de los 119 diputados presentes, siete votaron en contra de la aprobación del contrato, entre ellos liberales, de Unificación Democrática y del partido Innovación y Unidad, que lamentaron el procedimiento de aprobarlo a matacaballo.
El contrato, valorado en 62 millones de dólares, tendrá una duración de 13 años, plazo que puede ampliarse a 20.
Generó suspicacias en el seno del Legislativo, primero porque fue sometido de imprevisto y luego porque a la carrera se le dispensaron dos debates. Además el mismo fue aprobado sin la presencia de los medios de comunicación.
