Al menos dos de los asesinatos contra periodistas en Honduras
están relacionados con el ejercicio de la profesión,
según un informe divulgado este martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
en Sao Paulo.
La organización regional presentó un informe durante la 68 Asamblea General realizada en la ciudad brasileña, en la que recalcó la necesidad de que los gobiernos americanos ofrezcan mayor protección a los comunicadores sociales.
El documento detalla que en el período marzo-octubre, trece periodistas perdieron la vida en México, Honduras,
Brasil y Ecuador 'por el sólo hecho de realizar su trabajo'.
De estos, seis fueron asesinados en México y dos en Honduras,
precisa el informe.
También señala que otros tres periodistas están desaparecidos en México, el país donde 'el mal principal' en el terreno de la prensa son las agresiones, amenazas y atentados contra los trabajadores del sector.
En el caso específico de Honduras,
cifras de la Secretaría de Seguridad establecen que 21 comunicadores sociales
han sido asesinados solo durante el gobierno de Porfirio Lobo.
'Es fundamental contar con el apoyo de los órganos internacionales para, entre otras medidas, garantizar los avances en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra periodistas y proteger su seguridad física', aseguró la SIP, con sede en Miami, que dice representar a unas 1,300 publicaciones de las Américas.
La organización pidió que, entre otras medidas, países como Brasil adopten leyes para que los asesinatos de periodistas sean crímenes federales y que México dote de recursos económicos y personal entrenado a los equipos encargados de investigar las muertes de los reporteros.
Tolerancia y protección para periodistas
La SIP pidió a los Estados de la región más tolerancia con 'el libre ejercicio de la prensa', más acceso a la información y mejor protección para los periodistas amenazados por la violencia.
'La violencia contra la integridad física de los periodistas y la creciente intolerancia de gobiernos autoritarios constituyen los principales problemas que afronta la prensa independiente hoy en el continente', aseguró la organización,
'Una feroz ofensiva encabezada por los mismos presidentes de los países busca silenciar al periodismo independiente en Argentina, Ecuador y Venezuela mediante leyes regulatorias, discriminación de la publicidad oficial e inmensos aparatos mediáticos estatales y privados utilizados para difamar', añadió la organización en sus conclusiones.
La entidad criticó con dureza al gobierno de la presidenta de Argentina Cristina Kirchner, afirmando que en ese país el acceso a las fuentes de información oficial 'continúa extremadamente limitado'. Reclamos sobre acceso a la información fueron también planteados contra Venezuela, Nicaragua, Haití, El Salvador y Canadá.
De acuerdo a la organización, 'la amenaza a la prensa puede tener un capítulo oscuro en diciembre' en Argentina, en referencia al próximo 7 de diciembre, cuando debe comenzar a aplicarse una ley antimonopólica que según el Grupo Clarín - que presentó un recurso de amparo contra la medida - es un intento del gobierno por hegemonizar los servicios audiovisuales.
Representantes de medios de Argentina pidieron que la SIP envíe una misión al país para esa fecha, una propuesta que está siendo analizada.
En Ecuador 'la justicia carece de imparcialidad' y 'continúa agrediendo a medios y periodistas bajo un discurso hostil', señaló la SIP, a la vez que exhortó al gobierno de Rafael Correa y a los otros poderes del Estado ecuatoriano a tomar decisiones que 'respeten' la Carta Democrática Interamericana y la Constitución nacional.
Al gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez, reelecto el 7 de octubre para un tercer período de seis años, la SIP resolvió 'exigir el fin de la persecución política, policial y judicial a periodistas y directores de medios de comunicación'.
La próxima Asamblea General de la SIP será en octubre de 2013 en Denver, Estados Unidos. Seis meses antes se realizará la llamada 'reunión de medio año' en Puebla, México, donde también se elaboran informes y diagnósticos sobre la situación de la libertad de expresión en el continente.
