Ante los hallazgos de que oficiales de la alta cúpula policial estarían involucrados con el narcotráfico, los diputados al Congreso Nacional instaron ayer al Ejecutivo acelerar la puesta en funcionamiento de la Oficina de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial.
La ley que crea esa instancia fue publicada el miércoles de la semana anterior y de esa fecha en adelante se corren 10 días para la estructuración del ente de investigación.
A principios del presente mes, el Congreso Nacional aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Policía, la que se circunscribe a sustituir la Oficina de Asuntos Internos con una Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad que gozará de independencia y patrimonio propio, con un presupuesto inicial de 30 millones de lempiras, explicó el diputado German Leitzelar.
El congresista ilustró que dicho organismo estará bajo el mando de un director y un director adjunto, que serán seleccionados por el Ejecutivo de una nómina de cinco candidatos propuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin), mediante audiencias públicas.
La nómina de los nombrados será turnada al Congreso Nacional, donde será ratificada o denegada por mayoría simple.
El director y subdirector serán escogidos para un período de tres años, con opción de ser reelectos en caso de ser nuevamente nominados.
La nueva Dirección se encargará de investigar faltas y delitos cometidos por miembros de la carrera policial, 'sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio Público', explicó Leitzelar.
Además, vigilará de forma permanente la conducta de los policías en el desempeño de sus funciones.
El papel de este organismo, según el espíritu de la reforma, es 'implementar y ejecutar procesos constantes de depuración policial', dijo el diputado.
Acción urgente
La urgencia es que comience a operar a la brevedad la Dirección de Investigación y Evaluación, expresó por su lado, el diputado Renán Inestroza, miembro del partido Nacional.
Inestroza afirmó que esa Dirección fue creada con el propósito que inicie el proceso de depuración policial.
'Entiendo que esta semana ha sido convocado el Conasin, que es el ente encargado de nominar a los candidatos a dicha oficina y esperemos que a más tardar el martes de la próxima semana el Congreso esté ratificando dichos nombramientos', comentó Inestroza.
La depuración debe realizarse al más corto plazo, para ello se consideró que la nueva Dirección pase a ser una institución autónoma con su propio presupuesto, de 30 millones, afirmó el diputado de la Democracia Cristiana, Augusto Cruz Ascencio.
El congresista comentó que 'es escalofriante la situación dentro de la Policía Nacional, pero la depuración no debe abarcar únicamente a los uniformados, sino a fiscales y el resto de operadores de justicia que son comparsa con el crimen organizado, precisó.
Ascencio subrayó que de ahora en adelante no se debe permitir el ascenso de oficiales a cargos estratégicos si no se ha hecho una exhaustiva investigación de la conducta de este oficial, ese debe ser uno de los requisitos.
El jefe de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra, consideró necesaria la depuración de la Policía y en este proceso 'son aceptables cualquier tipo de cooperación ya sea técnica o financiera por parte de la comunidad internacional'.
Es importante que todas las instituciones respondan a lo que el país necesita y en este momento lo que se requiere es una Policía fortalecida, sana y capaz de enfrentar con éxito el flagelo de la delincuencia, afirmó.
Leitzelar, por su parte, profundizó que cuando se integre la comisión especial de depuración que ha anunciado el Poder Ejecutivo, los miembros de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Policía deberán ser incorporados para participar directamente en el proceso.
Informó también que la comisión nombrada al efecto ya tiene un dictamen adelantado de lo que será la ley de la Superintendencia de Investigación y Combate de la Responsabilidad de los Funcionarios del sector Justicia.
De acuerdo con esta ley, estarán sujetos a investigación -ya sea de oficio o a petición de cualquier persona- todos los miembros de la carrera policial, funcionarios judiciales, fiscales y de la Procuraduría General de la República, a quienes se les asegurará el goce de las garantías del debido proceso.
La Superintedencia se crea como un instituto público, descentralizado de la administración pública, con autonomía y patrimonio propio para vigilar los procesos investigativos de los órganos internos de cada institución, incluso, podrá asumirlos por sí mismos cuando lo considere necesario.
Contempla que cuando la investigación involucre a las autoridades superiores de las instituciones la misma se realizará por una comisión ad hoc nombrada por el presidente de la República.
