Tegucigalpa, Honduras.-La fotografía de un adulto mayor que trabajaba como guardia de seguridad, almorzando de pie sobre la montura de su bicicleta frente a una farmacia, no solo se volvió viral en las redes sociales, sino que se convirtió en el detonante de una ofensiva legislativa.
La imagen, que personifica la precariedad, el olvido y la falta de derechos, ha impulsado a diputadas de distintas bancadas a presentar proyectos de ley para frenar los abusos de las empresas de seguridad privada.
Ante esta realidad, la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Linda Donaire, presentó la “Ley de Regulación y Protección Integral de las Empresas de Seguridad Privada y sus Trabajadores”. El proyecto no solo busca el control administrativo de estas entidades, sino garantizar derechos fundamentales que hoy les son negados.
“Hemos visto cualquier cantidad de videos virales sobre las condiciones en las que se encuentran los guardias de seguridad. Hay empresas funcionando sin ningún tipo de control que garantice el respeto a los derechos laborales; muchos no tienen seguro social ni seguro de vida, a pesar de que exponen su integridad cada día”, denunció Donaire.
Actualmente, el rubro de la seguridad privada en Honduras opera en una zona gris de supervisión. Miles de hombres y mujeres, muchos de ellos provenientes del interior del país, son contratados sin capacitación previa, con salarios que no alcanzan el mínimo y bajo condiciones que rozan la deshumanización, careciendo de espacios dignos para ingerir sus alimentos o realizar sus necesidades básicas.
La iniciativa legislativa presentada por la parlamentaria expone violaciones sistemáticas: salarios ínfimos, falta de equipo adecuado y la ausencia total de protección para las familias en caso de que el guardia pierda la vida en el cumplimiento de su deber.
Donaire subrayó que muchos guardias portan armas de fuego sin haber recibido un solo día de entrenamiento, lo que representa un peligro tanto para ellos como para la ciudadanía.
“Imagínense si una de estas personas pierde la vida; sus hijos y su familia quedan totalmente desprotegidos porque no hay seguros de vida. Necesitamos un censo real para saber cuántas empresas hay y supervisar que cumplan con la ley”, enfatizó la legisladora.
La preocupación por la dignidad de los vigilantes ha logrado unir criterios en el hemiciclo. De forma paralela, la diputada del Partido Nacional, María José Sosa, presentó un proyecto de ley orientado a establecer condiciones mínimas de salud, higiene y seguridad laboral.
Esta propuesta busca obligar a los contratantes, ya sean empresas, comercios o residenciales, a proporcionar espacios adecuados para el descanso y la alimentación de los guardias, evitando escenas como la del guardia de la tercera edad que conmovió al país al tener que usar su bicicleta como mesa improvisada en la vía pública.
Ambos proyectos se encuentran ahora en etapa de dictamen. De aprobarse, Honduras contaría por primera vez con un marco legal que no solo regula el negocio de las armas y la vigilancia, sino que devuelve la condición de sujetos de derecho a quienes, irónicamente, cuidan la vida y los bienes de los demás mientras los suyos permanecen en el total desamparo.
