Tegucigalpa, Honduras.- La defensora de derechos humanos Dina Meza expresó su preocupación ante la audiencia inicial prevista para el próximo 1 de septiembre, contra el exjefe castrense Roosevelt Hernández, en la que las partes deberán proponer las pruebas que pretenden utilizar durante el juicio y la jueza determinará cuáles cumplen con los requisitos legales para ser admitidas.
Meza señaló como uno de los principales motivos de inquietud que se haya solicitado el expediente relacionado con el caso a la Corte de Apelaciones de lo Penal, pese a que, según explicó, un recurso de amparo presentado anteriormente fue desestimado.
La defensora cuestionó las razones por las cuales nuevamente se requirió dicho expediente y pidió claridad sobre el propósito de esta actuación.
Recordó que anteriormente habían denunciado la participación de magistrados vinculados al partido Libertad y Refundación (Libre) en actuaciones relacionadas con el proceso.
En ese sentido, manifestó preocupación porque la Corte de Apelaciones de lo Penal estaría actualmente integrada por magistrados suplentes, por lo que pidió que el expediente no sea utilizado para afectar nuevamente el desarrollo del caso.
Otro de los puntos cuestionados es la decisión de la jueza que conocerá la audiencia inicial de rechazar la solicitud de cambio de lugar planteada por la parte acusadora y representantes de periodistas, quienes argumentaron que el espacio disponible en los juzgados penales es demasiado reducido para garantizar la presencia de las partes y observadores.
Según Meza, la jueza justificó su decisión señalando que las víctimas no necesariamente tendrían que estar presentes durante la audiencia inicial porque cuentan con apoderados legales. Además, cuestionó que en la resolución se hayan utilizado expresiones que, a su criterio, resultan estigmatizantes hacia las víctimas y personas defensoras de derechos humanos.
Ante esta situación, Meza anunció que trasladarán sus preocupaciones a la Relatoría sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, al considerar que las expresiones contenidas en un documento público podrían tener implicaciones para quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos y periodismo.
La defensora también consideró improcedente la negativa al cambio de lugar, al explicar que durante la audiencia inicial las partes deben presentar documentación y otros elementos que pretenden incorporar como prueba.
Hizo un llamado para que el proceso avance con transparencia y apego a la ley, al tiempo que manifestó su expectativa de que se garantice la justicia y la verdad y que ninguna actuación termine trastocando el desarrollo del juicio.
