Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma ciudadana Defensores de Honduras exigió este lunes al Congreso Nacional la aplicación de un juicio político contra el fiscal general de la República y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quienes acusa de utilizar el sistema judicial con fines políticos.
En el comunicado número 10, la organización sostiene que desde inicios de 2025 se ha consolidado una supuesta estrategia de persecución que, según su versión, tuvo su punto más crítico con la privación de libertad de los generales en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto.
De acuerdo con el pronunciamiento, estas detenciones se realizaron bajo órdenes del Ministerio Público, lo que —según la plataforma— evidencia un uso político de la justicia.
La organización también afirma que el sistema judicial ha perdido independencia y señala que los recursos de amparo presentados por la defensa de los militares fueron rechazados tras meses de dilación, lo que, a su juicio, demuestra la prevalencia de intereses políticos sobre el derecho constitucional.
Ante lo que consideran una falta de garantías en el sistema judicial, los diputados Luz Ernestina Mejía y Kilvett Bertrand presentaron ante el Congreso Nacional un proyecto de amnistía que busca beneficiar a los tres oficiales y a otros adultos mayores que enfrentan procesos judiciales.
No obstante, la plataforma señaló que la amnistía no representa la solución ideal, debido a que su naturaleza jurídica podría interpretarse como una aceptación implícita de culpabilidad. Aun así, consideran que es el único camino viable ante una Corte Suprema que, según afirman, está próxima a finalizar funciones sin resolver el fondo de los casos.
Para los dirigentes de Defensores de Honduras, la solución debe centrarse en la remoción de los funcionarios que consideran responsables de politizar el sistema de justicia.
“Si Honduras no hace juicio político, está enviando un mensaje negativo de que la ley no es el marco de referencia para la convivencia entre los sectores; es necesario determinar si hubo violación del deber constitucional”, expresó Isaías Barahona, coordinador de la plataforma Defensores de Honduras.
Barahona agregó que la falta de sanciones a quienes, según su criterio, han violado la ley podría sentar un precedente negativo para el país.
“El precedente que hay es que gente que violó la ley, si no se sanciona ni se remueve de sus cargos, la señal que se envía es que en Honduras no hace falta respetar la ley. Para cambiar ese precedente, quien viole la ley debe ser separado de su cargo y responder ante los tribunales si corresponde”, afirmó.
Por su parte, la diputada Luz Ernestina Mejía confirmó que existe apertura en el Congreso Nacional para discutir la posibilidad de aplicar este mecanismo de control político.
La legisladora aseguró que la intención no es promover un revanchismo político, sino evitar que el sistema penal sea utilizado para perseguir a opositores.
“Estoy aquí en mi condición de defensora y como diputada puedo decir que hay una gran receptividad a la demanda del juicio político; este debe darse no por venganza, sino para evitar que estos sucesos se repitan”, manifestó.
Finalmente, Defensores de Honduras llamó a los diputados del Congreso Nacional a asumir su responsabilidad institucional, al considerar que la destitución de los funcionarios cuestionados sería un primer paso para restablecer el Estado de derecho.
