Tegucigalpa, Honduras-. La defensa legal del exfuncionario Luis Fernando Hernández Portillo, señalado en el presunto fraude millonario cometido en la Alcaldía de San Pedro Sula, interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones con el fin de revocar el auto de formal procesamiento dictado en su contra.
El caso está vinculado con la firma de 33 contratos suscritos durante una administración municipal anterior, por los que el Ministerio Público acusa a diez personas de participar en un fraude superior a 45.5 millones de lempiras.
Según la defensa, el recurso se fundamenta en nulidades procesales detectadas en la causa penal.
“Nuestro representado ya tenía un abogado acreditado ante el Ministerio Público, pero se tomó declaración a un testigo protegido mediante prueba anticipada sin citarlo. Esa diligencia se practicó con un defensor público, lo que vulnera el derecho de defensa”, explicó el abogado Dagobert Aspra.
El abogado sostuvo que la resolución del juez “carece de la debida motivación que exige el artículo 141 del Código Procesal Penal”, y que ello provoca nulidad absoluta.
“La falta de motivación deja sin sustento la decisión del juez de letras”, manifestó. Aspra además consideró que el proceso tiene connotaciones políticas, al afirmar que el Ministerio Público aplica una política criminal selectiva.
“Existen casos de corrupción más antiguos con mayores indicios que no se han judicializado, mientras este avanza con rapidez”, dijo.
La defensa subrayó que los imputados ofrecieron fianzas por más de 32 millones de lempiras, frente a un perjuicio estimado en 44 millones.
“No se puede hablar de un daño real de esa magnitud cuando existen obras ejecutadas que pueden verificarse”, añadió.
El abogado advirtió que el proceso podría alargarse debido a los recursos interpuestos por las distintas defensas.
“Mientras no se resuelvan las apelaciones, la audiencia preliminar no podrá celebrarse”, puntualizó.
El supuesto fraude
Según la fiscalía, entre julio de 2023 y abril de 2024, funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, junto con empresarios y particulares, habrían conformado una red de corrupción que causó un perjuicio económico superior a 45.5 millones de lempiras.
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra 15 personas, incluyendo a Luis Fernando Hernández Portillo, exfuncionario municipal, y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, representante legal de la empresa Constructora HERCOD S. de R.L.
Los imputados en esta causa son: Denys Jamil Paz, Eunice Amaya, Osman David Chávez Orellana, Walter Manuel Cartagena, Marlen Karina Mena, Xavier Lacayo, Olga Estela Ávila Ortega, Andrea Fabiola Perdomo, Malcos Jonathan Morales Correa y Luis Fernando Hernández Portillo.
De los 15 requeridos, cinco se encuentran prófugos, incluyendo a Steve Adolfo Fajardo Vargas, yerno del alcalde Roberto Contreras; Josué David Fajardo Hernández, Henry Geovany Guzmán, Luis Saa y otro acusado cuyo nombre se desconoce. Los delitos imputados abarcan violación de los deberes de los funcionarios, fraude continuado, lavado de activos y tráfico de influencias.
La investigación revela que varias empresas vinculadas a los imputados carecían de la infraestructura y personal para ejecutar las obras, lo que apunta a un presunto desvío de fondos públicos.
El caso sigue bajo la lupa de la fiscalía y la resolución de la Corte de Apelaciones definirá si los imputados podrán enfrentar la audiencia preliminar o si se revierte la medida de detención.
