Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) prevé retomar las mesas de diálogo con representantes de la comunidad garífuna, en medio de las protestas instaladas frente a la sede del Poder Judicial por el proceso penal contra cinco integrantes de la comunidad de San Juan, Tela.
La magistrada de la CSJ, Anny Ochoa, confirmó que se realizar invitaciones a representantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) para participar en mesas de trabajo junto con distintos actores del Estado y representantes de habitantes de las zonas de Tela.
Según la magistrada, en las reuniones serán convocados representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), la Procuraduría General de la República, Policía Nacional, Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público.
“Lamentablemente en la segunda invitación que se realizó no asistieron a la reunión los representantes de Ofraneh, pero, como hemos reiterado, seguimos con las puertas abiertas y con la invitación a poder llegar a un diálogo para buscar soluciones amigables”, manifestó Ochoa.
Sentencia internacional
La magistrada explicó que las mesas de diálogo también están relacionadas con preocupaciones planteadas en torno al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C No. 496, correspondiente al caso Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros Vs. Honduras, emitida el 29 de agosto de 2023.
“Como se ha referido al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, es importante señalar que la Corte Suprema de Justicia no es un actor al que le corresponda, en su mayoría, el cumplimiento de esta sentencia”, señaló Ochoa.
En la sentencia, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó que el Estado de Honduras vulneró derechos de la Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros, entre ellos los relacionados con la propiedad colectiva sobre su territorio.
El tribunal estableció que el Estado incumplió sus obligaciones respecto a la titulación, delimitación y demarcación del territorio comunitario y no garantizó adecuadamente el uso y goce de la propiedad comunal.
La sentencia también estableció afectaciones al derecho de la comunidad a participar en asuntos públicos relacionados con decisiones que incidían directamente sobre su territorio y sus derechos.
De acuerdo con Ochoa, corresponde principalmente al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH.
No obstante, sostuvo que la CSJ puede participar como intermediaria y facilitar espacios de diálogo entre las instituciones estatales y los representantes de la comunidad garífuna.
Protesta frente a la CSJ
Desde el 11 de agosto, organizaciones del pueblo garífuna mantienen un campamento frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir respuestas sobre el proceso judicial contra cinco integrantes de la comunidad garífuna de San Juan, Tela.
La protesta fue instalada el 10 de agosto por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) con carácter indefinido, según informó su coordinadora,
La movilización se mantiene mientras los representantes garífunas demandan respuestas institucionales y acciones relacionadas con el cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
