Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) prevé retomar el diálogo con representantes de la comunidad garífuna ante las protestas instaladas frente a la sede del Poder Judicial por el proceso penal contra cinco integrantes de la comunidad de San Juan, Tela.
El portavoz del órgano judicial, Melvin Duarte, informó que las autoridades judiciales permanecen a la espera de una convocatoria para continuar las conversaciones con representantes de distintas instituciones del Estado.
“Se estará a la espera que para una convocatoria sobre el tema de las comunidades garífunas con la asistencia de las personas que el magistrado presidente está designando y con la presencia de algunas instituciones del Estado relacionadas al tema”, declaró Duarte.
En el último encuentro estuvieron el presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo; la magistrada de la CSJ, Anny Belinda Ochoa; la comisionada nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre; la secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, Leda Pagán; y la jefa del Departamento de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, Astrid Ramos.
Campamento frente a la CSJ
Desde el 11 de agosto, organizaciones del pueblo garífuna mantienen un campamento frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir respuestas sobre el proceso judicial contra cinco integrantes de la comunidad garífuna de San Juan, Tela.
La protesta fue instalada el lunes 10 de agosto por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) bajo carácter indefinido, según informó su coordinadora, Miriam Miranda.
De acuerdo con Miranda, la organización presentó diferentes acciones legales con el objetivo de frenar el proceso judicial; sin embargo, aseguró que hasta ahora no han recibido respuesta de las autoridades.
Los manifestantes permanecen en varias carpas instaladas en las cercanías de la sede del Poder Judicial. En el lugar también preparan alimentos mientras esperan una respuesta de las autoridades.
“Estamos aquí en una lucha sobre nuestras tierras ancestrales”, manifestó uno de los participantes al explicar las razones de la protesta.
Territorios ancestrales
Miranda vinculó el conflicto con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento al Sector Agroindustrial, normativa que establece medidas para promover la inversión y el desarrollo de proyectos industriales en el país.
Según la dirigente, la aplicación de esta legislación está relacionada con el conflicto por tierras ancestrales en San Juan, Tela.
El reclamo se intensificó a raíz del desalojo de integrantes de la comunidad de San Juan, que las organizaciones garífunas cuestionan al considerar que afecta territorios que históricamente han ocupado. Caso que derivó en un proceso judicial contra cinco miembros de la comunidad garífina
