Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional conoció este jueves la solicitud formal de juicio político presentada por organizaciones ciudadanas, campesinas, indígenas y garífunas en contra del presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, así como de los diputados y firmantes de la denominada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
La petición de destitución ciudadana, que fue entregada la semana anterior ante la secretaría del hemiciclo acompañada por más de 14,000 firmas, fue enviada al Registro Nacional de las Personas (RNP) para la correspondiente verificación y validación del censo dactilar antes de someter su admisión a votación del pleno.
Durante la sesión, el titular de la cámara legislativa se pronunció sobre el escrito presentado por los manifestantes, argumentando un trasfondo político en la acción promovida por las comunidades vulneradas.
"Un grupo de ciudadanos hondureños se presentó al Congreso Nacional la semana anterior y creería yo que hay alguna manipulación de gente de izquierda que está en contra del orden, presentó una denuncia de juicio político contra la Junta Directiva, la bancada del Partido Nacional, bancada del Partido Liberal y la Comisión de Dictamen", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
Los líderes comunitarios e integrantes de los pueblos originarios interpusieron el recurso en rechazo al Decreto 107-2026, señalando que la normativa vulnera flagrantemente la propiedad colectiva, fomenta los desalojos masivos y suprime el derecho constitucional de acceso a la tierra.
De acuerdo con el documento leído por la secretaría del Parlamento, la denuncia fundamenta la causa en actuaciones manifiestamente contrarias a la Constitución de la República y al interés nacional, aduciendo negligencia e incompetencia al legislar en beneficio de sectores privilegiados.
El escrito formal requiere al Congreso la comprobación dactilar de los peticionarios, la posterior admisión del recurso por el pleno, el nombramiento de una comisión especial investigadora de los hechos denunciados y la consecuente destitución de los altos funcionarios responsables.
Frente al procedimiento legal planteado por la representación ciudadana, la conducción de la asamblea explicó que la modalidad bajo la cual fue formulada la exigencia obliga a agotar instancias técnicas previas antes de proceder a la votación directa del pleno.
"Si solo presentaran la denuncia de juicio político le daríamos trámite hoy, pero ellos presentan en su encabezado que lo hacen mediante iniciativa ciudadana, entonces vamos a mandar a verificar las firmas", puntualizó Zambrano.
En consecuencia, la presidencia del Legislativo instruyó formalmente a la secretaría del Congreso Nacional para que traslade las planillas con el listado de respaldos populares a los despachos del Registro Nacional de las Personas.
"Vamos a agotar la instancia en base a la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana y le pedimos a la secretaría que lo remita al Registro Nacional de las Personas y en un plazo de 10 días para que nos remita la verificación y validación de las firmas", concluyó el titular del Legislativo.
Una vez consumado el período de diez días fijado por el Poder Legislativo para la auditoría técnica de las 14,000 huellas, el pleno parlamentario deberá someter a debate y votación definitiva la admisión del juicio político contra la directiva y los legisladores señalados.
