San Pedro Sula, Honduras.- El fortalecimiento de la seguridad jurídica y la protección estricta de la propiedad privada se consolidaron como los ejes centrales durante el desarrollo del II Congreso de Palmicultores en San Pedro Sula.
En el encuentro, autoridades del Congreso Nacional reafirmaron ante los productores del rubro la vigencia de herramientas legales para frenar las invasiones de tierras productivas que han afectado la economía nacional.
La iniciativa parlamentaria responde a una serie de demandas planteadas por organizaciones de agricultores que han denunciado pérdidas millonarias y la destrucción de plazas de trabajo en el campo.
Las normativas aprobadas buscan garantizar la estabilidad operativa de las fincas y proteger a los inversionistas de ocupaciones ilegales en zonas de alto rendimiento agrícola.
"Desde el Congreso ya hemos emprendido acciones legislativas que se han originado producto de las reuniones sostenidas; lo primero es la seguridad jurídica para proteger la inversión, los empleos y la propiedad privada mediante la Ley de Protección al Sector Agroindustrial que ya se encuentra vigente", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
La normativa vigente busca poner un alto al impacto provocado por las tomas violentas de fincas registradas en los últimos años en diversos puntos del territorio hondureño.
Zambrano pormenorizó la magnitud de los daños reportados por las asociaciones de productores durante los acercamientos previos en el Parlamento.
"Nos daban un número de solo cuatro o cinco grupos a los que les habían invidido 35,000 manzanas y habían perdido 10,000 empleos; si usted tiene producida su tierra e invertido, el gobierno tiene que proteger esa inversión porque de lo contrario nadie va a querer venir a apostar al país", indicó Zambrano.
El titular del Parlamento rechazó las narrativas de sectores de oposición que argumentan que la normativa vulnera los derechos de las comunidades originarias.
Aclararon que la ley no interfiere con los reclamos territoriales históricos respaldados por sentencias internacionales, sino que sanciona la usurpación ilícita de predios privados.
"No es una ley contra grupos afrodescendientes o indígenas, esas tierras ancestrales se respetan de acuerdo a fallos internacionales; han utilizado algún vínculo político para levantar banderas sobre todo la izquierda radical de Libre", afirmó el titular del Legislativo.
Junto a la protección de tierras, la agenda legislativa contempla mecanismos de alivio financiero y acceso a capital fresco para los pequeños y medianos cultivadores de palma.
Las medidas incluyen readecuaciones de deuda a tasas preferenciales en la banca estatal e iniciativas de financiamiento gestionadas con organismos multilaterales.
En relación con el cumplimiento de la norma, se advirtió que la efectividad del decreto depende de la actuación inmediata de los entes de seguridad y del Ministerio Público.
Las autoridades recordaron que las instituciones encargadas de impartir justicia tienen la obligación legal de restituir las propiedades invadidas tras la presentación de las denuncias correspondientes.
El presidente del Congreso Nacional concluyó con un llamado directo a los operadores de justicia para dar cumplimiento al mandato legal sin dilaciones.
"El decreto le da la obligación a los operadores de justicia de aplicar la ley de carácter obligatorio e inmediato; si no actúan cuando existen denuncias graves de invasiones, el funcionario incurre en responsabilidad y desde el Congreso pediremos cuentas", afirmó Zambrano.
