Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó el autoacordado que contiene el Protocolo de Actuación para el Funcionamiento del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
La iniciativa busca establecer criterios uniformes para que los órganos jurisdiccionales tramiten con mayor rapidez los procesos de restitución internacional de menores, en cumplimiento del Convenio de La Haya, ratificado por Honduras en 1993 y vigente desde 1994.
El documento también procura garantizar el interés superior de la niñez y evitar retrasos en este tipo de casos.
El protocolo fue remitido al Congreso Nacional para su ratificación.
La magistrada de la CSJ, Anny Ochoa, explicó que el protocolo servirá como una herramienta jurisdiccional para orientar a los jueces en el conocimiento de estos procesos.
"Esta es una herramienta jurisdiccional que va a marcar el norte sobre los procedimientos que todos los jueces tienen que seguir en el conocimiento de los procesos, y para que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) pueda hacer solicitud de restitución o de traslado de un niño que ha sido traído a nuestro país de manera ilegal", explicó Ochoa.
La funcionaria, además indicó que el convenio será aplicado por los jueces del país, que además será en coordinación con autoridades judiciales de índole internacional.
Retorno de menores
Ochoa recordó que Honduras forma parte de la Red Iberoamericana de Jueces en materia de sustracción internacional de menores, por lo que disponer de una legislación específica "podría facilitar la cooperación con otros países que integran el convenio", entre ellos, Estado Unidos, México, Brasil, España, Reino Unido y Suiza.
Además, explicó que el objetivo de los procesos no será resolver conflictos de custodia, sino garantizar el retorno del menor al país donde tiene su residencia habitual.
"Los niños tendrán que ser devuelto o restituido, como manda la convención, al país de origen en donde tiene su residencia habitual", señaló.
Respecto a las responsabilidades penales de los padres que trasladen ilegalmente a sus hijos, se aclaró que el convenio se enfocará exclusivamente en la protección de los derechos de los menores.
¿De qué trata el protocolo?
Entre sus objetivos, el protocolo establece lineamientos para garantizar la restitución inmediata de menores trasladados o retenidos ilícitamente, asegurar el respeto de los derechos de custodia y visita entre los Estados parte del convenio y promover que estos procesos sean resueltos con celeridad.
Además, dispone que el procedimiento judicial completo no deberá superar las seis semanas desde la presentación de la solicitud, salvo circunstancias excepcionales previstas en la normativa.
El documento también define que los casos serán conocidos, en primera instancia, por los juzgados de Niñez y Adolescencia o, en su defecto, por los juzgados de Familia, y prioriza el uso de medidas de protección para garantizar el retorno seguro de los menores involucrados.
Una vez remitido al Congreso Nacional, el autoacordado continuará el procedimiento correspondiente para su entrada en vigor. De acuerdo con el protocolo, este comenzará a aplicarse al día siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
