Crimen en Santa Bárbara
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Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Legislativo introdujo una severa propuesta de reforma orientada a endurecer las penas contra la criminalidad organizada y proteger de forma drástica a los operadores de justicia y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
La iniciativa surge como una respuesta directa a los recientes hechos de violencia que han conmocionado al territorio nacional, particularmente los ataques armados que cobraron la vida de miembros uniformados en el norte del país.
La propuesta legislativa contempla una modificación sustancial al Código Penal vigente con el objetivo de blindar legalmente a quienes combaten la delincuencia en las calles.
Las autoridades parlamentarias argumentan que el estamento jurídico actual requiere de herramientas mucho más drásticas para disuadir las agresiones contra las instituciones encargadas de mantener el orden público y la seguridad ciudadana.
"Quienes atenten contra la vida de los policías de los militares, operadores de justicia y jueces en el desempeño de sus labores hemos tienen que ser castigados. Hemos visto la semana anterior el asesinato o la masacre contra 5 oficiales más los hondureños en el departamento de Colón", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
La reforma constitucional y penal se concentrará específicamente en la modificación de los artículos 540A y 540B de la normativa penal hondureña.
Con este cambio, el estamento legal establecerá la máxima sanción de privación de libertad aplicable en el país para aquellos que perpetren ataques mortales contra los uniformados y funcionarios judiciales en el ejercicio de sus funciones encomendadas.
De acuerdo con el procedimiento parlamentario estipulado por la ley, el proyecto de decreto no será aprobado de manera inmediata por el pleno de diputados, sino que será sometido a un riguroso proceso de consulta obligatoria.
El texto legal se remitirá de forma oficial a la Secretaría del Congreso para que este órgano, a su vez, lo traslade a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el fin de obtener su dictamen y opinión jurídica en un plazo perentorio de tres a cuatro días.
"Tenemos que proteger también al policía, militar y operador de justicia, esas personas hacen la labor que no hacemos nosotros hacen una labor de dar seguridad al pueblo, a ustedes a nosotros a la familia y a Honduras en general, y el delincuente tiene que saber si atenta contra la Policía, las Fuerzas Armadas, contra un fiscal y juez le va a caer todo el peso de la ley y esta reforma", detalló Zambrano.
Invasiones
De forma paralela a las medidas de protección para las fuerzas del orden, la junta directiva del parlamento y la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional anunciaron la finalización de un dictamen orientado a frenar las ocupaciones ilegales de tierras.
Esta problemática ha generado una profunda preocupación en los sectores productivos debido al impacto directo que provoca en la estabilidad económica y las inversiones del país.
El estamento propuesto busca resguardar el principio de propiedad privada y dotar a las fuerzas policiales de los mecanismos necesarios para ejecutar desalojos y acciones preventivas de manera oportuna.
Los proyectistas de la ley señalaron que detrás de estos conflictos territoriales existen estructuras que van más allá de los legítimos reclamos de los grupos de campesinos organizados.
El estamento legislativo programó la lectura en primer debate del decreto especial contra las invasiones para comenzar de inmediato con su proceso de socialización y posterior votación en la cámara.
La agenda parlamentaria contempla la dispensa de debates con el objetivo de acelerar su aprobación definitiva debido a los últimos brotes de violencia que se cobraron unas 20 vidas en el agro hondureño.
El llamado de la presidencia del Congreso se dirigió a todas las bancadas políticas para que efectúen las revisiones pertinentes de forma expedita y presenten sus observaciones de manera oportuna.
La intención de las autoridades del Legislativo es consolidar un marco legal robusto que devuelva la certidumbre a la inversión privada y ponga freno a la conflictividad en las zonas rurales del país.
