Tegucigalpa, Honduras.- El combate frontal contra el flagelo de la extorsión ha tomado un nuevo impulso en el Congreso Nacional tras recibir la opinión favorable de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El diputado Marco Paz, presidente de la Comisión de Seguridad, confirmó que el Poder Judicial ya remitió las consideraciones técnicas de la Sala de lo Penal, las cuales, aunque no tienen carácter vinculante, servirán como base jurídica fundamental para el dictamen que se prepara en las próximos días.
Según el parlamentario, el paquete de reformas enviado por la Secretaría de Seguridad busca robustecer el marco legal para enfrentar a las estructuras criminales con herramientas que se adapten a la realidad tecnológica y operativa del crimen organizado en la actualidad.
Uno de los ejes centrales de esta propuesta legislativa es otorgar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad la potestad de declarar formalmente a estas organizaciones como grupos terroristas.
Paz señaló que esta medida es una respuesta directa a la necesidad de brindar respaldo a la Policía Nacional y a los cuerpos de inteligencia, permitiendo protocolos de persecución mucho más drásticos.
El legislador manifestó su confianza en que no existirá oposición significativa entre las diferentes bancadas, argumentando que existe un consenso general sobre la urgencia de dotar al Estado de los instrumentos necesarios para devolver la paz a los ciudadanos.
En cuanto al contenido específico de las reformas, se contempla la modificación de siete artículos del Código Penal y entre tres a cinco del Código Procesal Penal, introduciendo agravantes severas para quienes dirigen las redes de extorsión.
Entre estas nuevas figuras destacan penas más altas cuando se utilicen menores de edad o personas con discapacidad para el cobro del "impuesto de guerra", así como castigos ejemplares en casos donde la extorsión derive en la muerte de la víctima o en la "muerte financiera" de un negocio, provocando el cierre forzado de pulperías, mercaditos o empresas de transporte.
No obstante, la ley también pretende abrir una brecha en la estructura interna de estas bandas mediante la inclusión de beneficios o atenuantes para quienes decidan colaborar con la justicia.
El diputado Paz explicó que se contempla la reducción de penas para aquellos miembros que brinden información estratégica y verificable que permita desarticular por completo las redes criminales.
Este mecanismo de colaboración eficaz busca incentivar la delación premiada como una vía para llegar a los cabecillas que operan desde la sombra o desde los centros penales.
La Comisión de Seguridad anunció que, antes de someter el proyecto a discusión en la cámara legislativa, se llevará a cabo una jornada de consultas con los sectores más afectados.
El objetivo es escuchar de primera mano los testimonios de los transportistas y pequeños emprendedores que viven el día a día bajo el asedio de las maras y pandillas.
Con estos insumos, el Congreso Nacional pretende entregar una reforma contundente que no solo incremente los años de cárcel, sino que ataque directamente los mecanismos de financiamiento y logística que sostienen el ecosistema de la extorsión en Honduras.
