Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional ha decidido acelerar la lucha para enfrentar el flagelo de la extorsión, un delito que mantiene de rodillas a diversos sectores productivos del país.
En una movida estratégica, la junta directiva del Legislativo solicitó formalmente la opinión jurídica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre un paquete de reformas al Código Penal, las cuales buscan dotar al Estado de herramientas más severas para desarticular a las asociaciones ilícitas.
La urgencia del Congreso es evidente, otorgando un plazo de apenas tres días al Poder Judicial para que remita sus consideraciones técnicas.
El objetivo es que, a más tardar la próxima semana, el pleno pueda discutir y aprobar los cambios legales que permitirían declarar a grupos criminales específicos como organizaciones terroristas.
"De manera frontal contra la extorsión, contra las maras y pandillas, contra los grupos de asociaciones ilícitas y le estamos pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que en un término de 3 días nos puedan remitir esta opinión", manifestó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
El diagnóstico legislativo señala que el descuido en la lucha contra este delito durante años anteriores permitió que estructuras criminales se multiplicaran, llegando al extremo de que el sector transporte deba pagar hasta siete "cuotas" diferentes a distintos grupos.
Esta asfixia económica ha obligado a las autoridades a poner la lupa no solo en los delincuentes, sino en los mecanismos que facilitan el flujo de dinero ilícito.
Uno de los puntos más críticos de la reforma es la regulación de las transferencias electrónicas.
Según las investigaciones preliminares, los extorsionadores han migrado sus operaciones hacia plataformas digitales y puntos de envío en barrios y colonias, aprovechando la falta de controles de identidad para recibir fondos provenientes del "impuesto de guerra" sin dejar rastro aparente.
"Están utilizando mecanismos de transferencias electrónicas para el pago de la extorsión. ¿Y cómo es posible que no existan mecanismos de control de saber quién manda, quién se le envía y quién recibe el dinero?", cuestionó Zambrano.
Para frenar esta modalidad, el Legislativo planea reuniones de alto nivel con las empresas que ofrecen estos servicios de envío de dinero desde pulperías y comercios locales.
La intención es obligar a una trazabilidad absoluta de cada transacción, eliminando el anonimato que actualmente protege a quienes retiran el efectivo en zonas de alta peligrosidad.
A la par de las transferencias, la reforma apunta nuevamente hacia las empresas de telefonía celular.
El Congreso busca reactivar y endurecer las leyes sobre la venta de tarjetas SIM o chips, los cuales siguen circulando sin un registro real de usuario, facilitando las llamadas extorsivas desde los centros penales y las calles.
"Hoy lo que toca es exigirle también a las empresas de telefonía celular que apliquen la ley y que no puedan estar vendiendo como chicles estos chips o la SIM card", sentenció Zambrano.
El respaldo legal que se pretende aprobar otorgará facultades especiales al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Una vez que un grupo criminal sea plenamente identificado por sus miembros y modus operandi, el CNDS tendrá la potestad de declararlo formalmente como grupo terrorista, lo que activará protocolos de persecución y penas mucho más drásticas.
La visión de la actual Congreso es que no puede haber seguridad sin herramientas legales que se adapten a las nuevas tecnologías del crimen.
Por ello, la aprobación de este paquete de reformas se considera una prioridad nacional para devolver la paz a los ciudadanos y proteger la economía de los pequeños y grandes empresarios.
"Este gobierno tiene que luchar contra este flagelo y desde el Congreso nuestra obligación es darle las herramientas legales y todo el respaldo", concluyó el presidente.
