Tegucigalpa, Honduras
En la ciudad de Danlí se está urbanizando el desastre, estiman las autoridades locales de la Secretaría de Energía Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente); la razón, el crecimiento desordenado de lotificadoras que ofrecen un hogar a los ciudadanos en medio de la ilegalidad.
Según los registros locales, en la ciudad existen 24 empresas lotificadoras de las cuales solo cuatro cumplen con los requisitos de ley.
Estas empresas se dedican a la construcción de viviendas, que cubren una necesidad en la ciudad que tiene un déficit habitacional de 50,000 hogares.
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El problema radica en que antes de ejecutar las construcciones los propietarios de los proyectos no acuden a las oficinas municipales correspondientes a tramitar los permisos como ser los de construcción, licencia ambiental y para las conexiones al acueducto y red de agua potable.
Carlos Sarmiento, coordinador de Mi Ambiente en la ciudad, asegura que en Danlí hay un crecimiento urbanístico desordenado que aumenta en cada momento la vulnerabilidad.
“El problema es que la municipalidad otorga permisos de construcción y están urbanizando el desastre. Se necesita del apoyo de las autoridades locales para regularizar esta situación”, afirmó.
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Determinaciones
Ante la aparente desidia de los constructores para cumplir con las normas, se trabaja en la creación de un comité interinstitucional que establezca una normativa clara y hasta se tiene visualizado que colabore en la redacción de sanciones para los lotificadores que no cumplan con los requisitos, con el fin que sean incluídas en el plan de arbitrios municipal.
Las instituciones involucradas en esta comisión son Instituto Nacional de Conservación Forestal, catastro municipal, Aguas de Danlí, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Energía Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente).
Ovidio Mejía, jefe de Obras Públicas de la Municipalidad de Danlí, asegura que los requisitos de inscripción son claros: deben presentar toda la documentación del proyecto como ser un perfil, documentos del propietario, recibos del pago de impuestos municipales y planos de la lotificación.
“El problema es que no hay multas o acciones contundentes para sancionar a las constructoras que trabajen de manera desordenada. Por lo que hemos recomendado que se modifique el Plan de Arbitrios y la corporación como máximo ente regulador imponga orden, antes que los efectos de este desorden sean más grandes”, afirmó.
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Mejía ejemplificó que de no poner atención a la situación se vivirá en las comunidades un caso de contaminación como el del asentamiento que se formó en los alrededores de las lagunas de tratamiento de aguas negras de la ciudad.
“No se tomo acción en su momento por parte de la municipalidad, ese espacio se debió dejar para un relleno sanitario o la próxima ampliación del sistema actual”, lamentó.
Para evitar que se generen nuevas amenazas ambientales, los representantes del comité han sostenido reuniones con los representantes de las lotificadoras, diálogos que están encaminados a socializar las normativas y facilitar los trámites de legalización de las urbanizaciones.
“Los lotificadores han mostrado interés en tratar de ordenarse, este es un proceso que puede llevar un buen tiempo, pero esperamos que haya apertura de parte de las autoridades municipales para que se cree la normativa”, dijo Sarmiento.
Sin embargo, los representantes del comité ven como un imperativo la creación de sanciones.
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