Tegucigalpa, Honduras.- Honduras vive semanas decisivas de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.
En un ambiente marcado por la tensión institucional y la incertidumbre ciudadana, la comunidad internacional mantiene la mirada fija sobre el desarrollo del proceso y el desempeño de las autoridades encargadas de garantizar su transparencia.
Las alertas de la comunidad internacional coinciden: el país atraviesa un clima de tensión institucional que podría incidir en la confianza pública y en la legitimidad del proceso.
Una de las exhortaciones más contundentes fue la del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien declaró que su gobierno “comparte la preocupación” expresada por la OEA sobre el rumbo del proceso electoral en Honduras y anunció que sigue muy de cerca los acontecimientos previos a la votación.
Su intervención busca subrayar la vigilancia diplomática de Washington ante cualquier eventualidad que pueda afectar la legitimidad del proceso.
Landau llamó explícitamente a las autoridades electorales y a las Fuerzas Armadas a “respetar escrupulosamente” las leyes y la Constitución hondureña, en un mensaje que mezcla exhortación técnica y advertencia política.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), de su lado, emitió un comunicado formal en el que expresó “preocupación” por los recientes acontecimientos que afectan el proceso electoral en Honduras y reiteró el llamado de su Misión de Observación Electoral (MOE).
El comunicado pone el acento en que las autoridades electorales deben poder desempeñar su labor técnica “libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”, y advierte que las diferencias internas en órganos colegiados no deben derivar en parálisis que afecte el calendario electoral ni la confianza pública.
En otras palabras, la OEA demanda condiciones mínimas de estabilidad institucional para que el proceso sea considerado creíble.
Además, la OEA anunció que mantendrá su acompañamiento a través de su misión en el terreno y llamó a todos los actores a respetar el marco institucional y contribuir a la celebración de las elecciones en la fecha prevista.
Por su parte, la Unión Europea (UE) en sus comunicados oficiales ha enfatizado la necesidad de condiciones que permitan elecciones libres, transparentes y pacíficas; su presencia técnica en el terreno pretende aumentar la confiabilidad del escrutinio y ofrecer una evaluación externa sobre la observancia de garantías fundamentales.
La delegación europea también realiza contactos con autoridades, partidos políticos, sociedad civil y medios para monitorear riesgos como la coacción, la falta de transparencia o problemas logísticos que comprometan la validez del resultado.
La acción de la UE es doble: por un lado, brinda legitimidad técnica y visibilidad internacional al proceso; por el otro, su informe posterior puede condicionar reacciones multilaterales, ayuda y cooperación.
La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) reforzó su misión de observación en Honduras y emitió un pronunciamiento público en el que demandó la protección del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la garantía de condiciones que permitan votar y contar el voto con transparencia.
La organización designó un equipo de observación encabezado para supervisar y verificar el desarrollo del proceso y su integridad.
En su mensaje, Copppal enfatizó la necesidad de fortalecer a la institución electoral y evitar actos que puedan minar su capacidad técnica o su independencia, además de llamar a todos los partidos a respetar las reglas del juego democrático.
La intervención de Copppal es relevante porque, además de observación técnica, incorpora una dimensión política: al agrupar partidos de la región, su pronunciamiento funciona como referencia para actores políticos en Honduras y puede servir para mediar o para exigir correcciones públicas frente a irregularidades.
El congresista Chris Smith (R-NJ), miembro destacado del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara y copresidente de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, envió una carta dirigida a altos oficiales del gobierno de Estados Unidos en la que urgió a pronunciarse públicamente sobre la necesidad de elecciones libres y transparentes en Honduras.
En su misiva, fechada a principios de noviembre, Smith advierte que “cualquier esfuerzo para subvertir la voluntad del pueblo hondureño llevará serias consecuencias para las relaciones bilaterales y la estabilidad regional”.
El congresista propone además medidas concretas: despliegue o respaldo de delegaciones oficiales de observación, presión diplomática y comunicaciones públicas que condicionen la cooperación bilateral a la preservación de un proceso electoral legítimo.
La carta de Smith es una señal política desde el Capitolio que va más allá de la retórica: busca convertir la vigilancia en posibles decisiones de política exterior si se detectan irregularidades.
Ese tipo de pronunciamientos legislativos añade una pieza clave en la ecuación: mientras los ejecutivos (gobierno de EE UU, OEA, UE) monitorean y observan técnicamente, miembros del Congreso preparan el terreno para potenciales medidas (desde declaraciones públicas hasta ajustes en cooperación) en caso de vulneraciones.
Repercusiones
El analista en temas internacionales, Graco Pérez, considera que el creciente número de pronunciamientos de la comunidad internacional no es casualidad, sino una respuesta directa al clima de tensión y dudas sobre el respeto al orden constitucional en Honduras.
A su criterio, esta es la elección “más observada” del continente, tanto por su cercanía temporal como por las implicaciones geopolíticas derivadas de los alineamientos del actual gobierno con países como Rusia, China y Venezuela.
Pérez apunta que el principal detonante de la preocupación internacional ha sido la evidente intromisión del poder político en instituciones clave, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el sistema judicial.
También señala el papel irregular de las Fuerzas Armadas, que se ha distanciado del mandato constitucional.
Para el analista, si el gobierno hubiese respetado plenamente las leyes y mantenido neutralidad institucional, las elecciones transcurrirían sin sobresaltos ni advertencias externas.
El experto destaca que organismos como la OEA, amparados en la Carta Democrática Interamericana, están obligados a reaccionar cuando un Estado miembro exhibe señales de retroceso democrático.
A ello se suma el eco que la Unión Europea y Estados Unidos han hecho de estas alertas, pasando de comunicados moderados a posturas más firmes a medida que se acerca el 30 de noviembre.
“La OEA empezó con un comunicado, luego otro, y después uno más fuerte; Estados Unidos pasó de congresistas a un pronunciamiento del Departamento de Estado”, recuerda.
Pérez advierte que la insistencia internacional no solo afecta la imagen del país, sino que también repercute en temas estratégicos como la inversión, la cooperación y la estabilidad económica.
El exvicecanciller, Antonio García, califica la reacción internacional como un reflejo del sentimiento generalizado dentro y fuera del país: “Cosas raras están pasando”.
Menciona intimidaciones contra autoridades electorales, amenazas judiciales, problemas en la logística electoral y la discusión abierta sobre la posibilidad de no reconocer los resultados.
Para García, la advertencia explícita de Estados Unidos marca un antes y un después en la historia diplomática de la región.
“Eso nunca había pasado ni en Honduras, ni en países como Ecuador, Panamá o Costa Rica”, subraya.
Explica que esta intervención no surge de un capricho extranjero, sino de señales internas alarmantes que han llevado a Washington y a otros aliados a elevar la voz.
El exvicecanciller asegura que la oposición ve estos pronunciamientos como un respaldo, mientras el Gobierno los interpreta como interferencia externa. Sin embargo, recalca que el daño reputacional ya está hecho: Honduras está en el centro de la atención mundial.
A su juicio, el mensaje internacional es claro y va dirigido a cualquier actor que intente manipular el proceso electoral.
“Quien piense en hacer fraude tiene que pensarlo dos veces porque vienen sanciones individuales y contra el país”, advierte.
García considera que, pese a los indicios preocupantes, aún hay margen para corregir el rumbo.
El canciller Javier Bu respondió a las crecientes señales de alarma internacional asegurando que el gobierno mantiene su compromiso con un proceso electoral transparente.
Sostiene que el gobierno escucha las preocupaciones de sus aliados, principalmente los de Norteamérica y la OEA, pero subraya que el país continúa avanzando en su preparación para las votaciones.
Bu reconoció que durante esta etapa electoral han surgido denuncias serias del Ministerio Público, especulaciones y una fuerte oleada de rumores alimentados por redes sociales.
Sin embargo, pidió no abusar de la libertad de expresión y no contribuir a un clima innecesario de tensión.
Asegura que el Ejecutivo mantiene la calma y está enfocado en que el proceso se desarrolle con normalidad.
El canciller afirma que el mensaje emitido por Estados Unidos es “para todos los actores” y que no debe interpretarse como un señalamiento exclusivo contra el Gobierno.
Insiste en que Honduras será observada de cerca por la comunidad internacional, pero también sostiene que el CNE avanza con su calendario electoral, que ya hay papeletas en impresión, quorum operativo y metas cumplidas.
