La Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto es un auténtico mercado cautivo de la droga donde vendedores y consumidores terminan como esclavos del negocio de la adicción.
La venta de alucinógenos en el centro penal, cocaína y marihuana principalmente, se ha convertido en un flujo constante que ha dejado derramamiento de sangre, sin que las autoridades penitenciarias lo puedan detener, o quieran detenerlo.
En este tráfico, como en los otras actividades ilícitas que dejan dinero, la figura principal siempre son los coordinadores de módulos o “toros”.
El toro es el que pone precio a la droga y precio a la vida de quienes se arriesgan atentar contra la distribución de las sustancias ilícitas.
Muchos reos que no tienen dinero para pagar algunos beneficios como acceso a un colchón o celda con cama o protección tienen que “trabajar” para el coordinador en la distribución de droga y así saldar la cuenta.
Este tipo de servidumbre en la que terminan muchos prisioneros fue revelada por fuentes de primera mano, exprisioneros que fueron testigos de esta barbarie.
“Los que no tienen dinero para pagar esos cargos impositivos, los ponen a vender droga y pagos en droga”, dijo una fuente que reveló a EL HERALDO las irregularidades que ocurren en este recinto y todo con la complicidad de celadores carcelarios.
Mientras honra esos beneficios con la venta de droga, el prisionero se mantiene alejado de cierto peligro, pero si da un paso en falso al probar el producto se puede convertir en un esclavo en tiempos modernos porque se ve obligado a comercializar las sustancias para mantener su vicio.
“Si se hacen adictos al consumo de drogas se hacen esclavos de los vendedores de droga de los módulos, pues como les pagan con la droga, trabajan solo para consumir la misma”, explicó la fuente a EL HERALDO.
En la Penitenciaría Nacional hay cuatro módulos principales y en cada uno de ellos hay módulos pequeños donde prolifera la venta de los narcóticos.
En cada módulo hay al menos dos o tres vendedores de drogas a los cuales le es entregada la droga por la policía a medianoche.
“Este negocio es compartido con el vendedor de droga, coordinador y policía”, aseguró la fuente.
En la Penitenciaría Nacional habitan unos 2,200 reos distribuidos en cuatro grandes módulos que no reúnen los requisitos para la rehabilitación que estipula la legislación penitenciaria.
Para vigilar la población penitencia apenas hay un poco más de 200 policías.
Este recinto, ubicado en el valle de Támara, Francisco Morazán, esta lejos de ser inexpugnable para los traficantes de droga que, cuando quieren, introducen las sustancias ilegales.
Los capos burlan los endebles sistemas de seguridad del reclusorio para introducir la droga o cuentan con la confabulación de custodios corruptos.
Los constantes decomisos de armas y drogas ratifican lo permeable que es el centro.
Y aquí también se cumple una ley de fundamental del narcotráfico: una vez adentro solo se sale muerto.
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Muerte
EL HERALDO también descubrió que los todopoderosos “toros” se han convertido en los dueños de la vida de prisioneros.
La sentencia de muerte, indulgencias o golpizas las da este personaje que domina entre los muros y rejas.
“Por la muerte, golpeada o sopapeada de un reo tiene que tener la autorización del coordinador ‘toro’, quien se encarga de cobrar por dar ese servicio, coordinación de que no haya testigos ni pruebas, el cual igual que los otros negocios es compartido por la policía”, expresó la fuente.
Igualmente, la fuga de un reo tiene que tener el visto bueno de los coordinadores porque ellos son quienes se encargan de coordinar con el policía penitenciaria el operativo de evasión.
Como todo tiene un costo en la Penitenciaría Nacional, una fuga tiene un precio para el prisionero, aunque solo los más adinerados pueden financiar su escape.
“Cuando un reo tiene el dinero para darse a la fuga esto tiene que ser negociado con el coordinador y luego lo conversa con la policía”, acotó.
“En el año 2010 a un alto funcionario penitenciario le dieron 200,000 lempiras por (permitir la fuga de) un reo y lo único que le hicieron al oficial fue cambiarlo de posición”.
Ley de la selva
El titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio, mostró su inquietud por el grado de ingobernabilidad que prevalece en la Penitenciaría Nacional y la falta de voluntad de las autoridades para solucionar la crisis.
Una de las preocupaciones del ombudsman hondureño es la carencia de los medios de rehabilitación, así como el desentendimiento del gobierno sobre su responsabilidad con los privados de libertad.
A lo anterior se añade la falta de control que hay en los centros penales, ya que se permite la introducción de armas, drogas y licores.
El ombudsman hondureño ha cuestionado con insistencia a las autoridades penitenciarias por instaurar un régimen disciplinario en manos de algunos internos, algo que ha traído como consecuencia peleas y muertes entre privados de libertad.
Otra de las críticas del titular del Conadeh es que los centros penales no obedecen a una verdadera política criminal del estado, sino que están en manos de una de las direcciones de la policía que, hasta ahora, ha demostrado su incapacidad en el manejo.
Custodio aseguró que la policía hondureña se apropio de los centros penales como un instrumento más para practicar la corrupción y por eso estos centros están en manos de los prisioneros.
Es urgente, exclamó Custodio, que se trabaje de forma ordenada para la creación del instituto penitenciario para que maneje los centros penales en el país de forma profesional y científica.
De acuerdo a su análisis, de nada servirá construir penales y celdas de máxima seguridad si hay corrupción en la administración penitenciaria y se sigue actuando sin criterios claros sobre programas de rehabilitación.
Advirtió que, dependiendo de las condiciones en que vive un privado de libertad en los centros penales, esto lo hace más o menos violento.
Leyes penitenciarias han funcionado con rezago
El sistema penal hondureño inició en 1883 con la construcción de la Penitenciaría Nacional en Tegucigalpa.
El 3 de abril de 1909 se emitió la ley reglamentaria de presidios, misma que fue sustituida el 13 de marzo de 1985 por la Ley de Rehabilitación del Delincuente, la que será sustituida por la Ley del Sistema Penitenciario.
Lo anterior
indica, según el Conadeh, que a lo largo de la vida republicana de Honduras el sistema penitenciario nacional ha sido regido por dos leyes.
Honduras cuenta en la actualidad con 24 establecimientos penitenciarios, trece de los cuales tienen categoría penitenciaria y
los once restantes son centros penales, los que
según el Centro de Auditoría Penitenciaria, a marzo de 2012 albergaban alrededor de 11,718 privados de libertad.
Se estima que la capacidad de los 24 centros es de 8,340 personas, no obstante, a marzo de 2012 la superpoblación era de 3,428, cifra que representa un porcentaje de hacinamiento del 41.10%.
