Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de la comisión de investigación del Congreso Nacional (CN) encargada del juicio político, Alberto Cruz, afirmó que el órgano legislativo evaluará si el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, actuó con justificación al abandonar una sesión.
Cruz explicó que uno de los puntos centrales del análisis será determinar si existía causa válida para romper el quórum y paralizar la operatividad del TJE.
“Si tenía o no tenía causa justificada para romper el quórum, es decir, abandonar una sesión para luego paralizar la operatividad del Tribunal de Justicia Electoral, eso es lo que vamos a determinar en el informe”, indicó.
Cabe destacar que, la denuncia en contra de Morazán apunta al abandono de sesiones legalmente instaladas sin justificación y su retiro, que habría roto el quórum e impedido la continuidad del pleno del TJE.
Además, señala la negativa del magistrado a participar en sesiones virtuales pese a su legalidad; y se le atribuye haber bloqueado deliberadamente el funcionamiento del tribunal.
El congresista señaló que la comisión se enfocará en evaluar los argumentos de defensa presentados por el funcionario, así como las pruebas incorporadas durante el proceso.
Según detalló, Morazán expuso sus razones ante la comisión, pero también se le cuestionó su decisión de abandonar la sesión en lugar de emitir un voto particular.
“Él presentó sus medios de prueba, expresó cuáles eran sus argumentos de defensa, pero también la comisión le aclaró que, en lugar de abandonar un quórum debidamente instalado, decidió paralizar”, explicó.
Cruz enfatizó que será la comisión la que determine si existía justificación constitucional para esa actuación. Asimismo, aclaró que la comisión no tiene la facultad de destituir a los funcionarios investigados.
“No nos corresponde a nosotros destituirlo, eso le corresponde al pleno”, subrayó. El informe que elabore la comisión será presentado ante el pleno del Congreso Nacional, que tomará la decisión final sobre el futuro del magistrado.
El proceso forma parte de los juicios políticos impulsados contra funcionarios electorales por presuntas irregularidades.
