Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este miércoles una nueva línea de investigación que vincula al exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, con el presunto manejo irregular de 26 millones de lempiras bajo custodia estatal.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, afirmó que la movilización de esa cantidad de dinero “no puede verse como un simple error administrativo”, debido a las posibles implicaciones jurídicas, financieras e institucionales.
Según explicó, las indagaciones también colocan bajo cuestionamiento a Andrea Carolina Zavala, exjefa de la Unidad de Administración y Gestión de la OABI, por decisiones que habrían facilitado la movilización irregular de fondos.
“No estamos hablando de exfuncionarios de bajo rango actuando al margen de la ley; estamos hablando de acciones que involucran a quienes tenían el deber de resguardar los recursos y no de exponerlos a riesgos jurídicos, financieros e institucionales”, expresó Castellanos.
De acuerdo con el CNA, el 17 de diciembre de 2024 una empresa incautada solicitó a la OABI un préstamo puente por 25 millones de lempiras. Sin embargo, un día después la solicitud habría sido modificada y pasó a denominarse “apoyo financiero temporal”, una figura que, según el organismo, no está contemplada en el reglamento interno de la institución.
Castellanos sostuvo que el cambio de denominación habría permitido omitir requisitos obligatorios y evadir controles legales.
“Ese cambio no fue un simple tecnicismo; fue una maniobra interna para omitir requisitos obligatorios, evadir controles legales y autorizar desembolsos a empresas sin control técnico”, manifestó.
La titular del CNA indicó que posteriormente se habría realizado un desembolso adicional de un millón de lempiras, elevando el monto total a 26 millones, sin que existan —según la investigación— evidencias o respaldos técnicos sobre el uso de esos recursos.
Asimismo, cuestionó quién garantizará la devolución de esos fondos en caso de que un juzgado de privación de dominio ordene reintegrarlos.
“¿Quién debería garantizar la protección de esos recursos? ¿Quién responderá si mañana el juzgado de privación de dominio ordena devolverlos? ¿Una vez más le tocará al pueblo hondureño pagar demandas millonarias por los abusos de nuestros servidores?”, preguntó.
Castellanos también señaló que el CNA busca determinar si este tipo de acciones ocurrió en más ocasiones durante la administración anterior de la OABI.
La directora del organismo anticorrupción sostuvo que la lucha contra la corrupción no solo implica perseguir el desvío directo de fondos públicos, sino también prácticas que debilitan la institucionalidad.
“El abuso de poder no siempre se refleja metiendo el dinero público al bolsillo de los funcionarios; muchas veces también se manifiesta cuando se tuercen las reglas”, afirmó.
Agregó que los bienes y recursos administrados por la OABI “no le pertenecen al Estado ni a sus funcionarios”, por lo que deben manejarse bajo estrictos controles legales y técnicos
