El Congreso Nacional obvió ayer a pedir una rendición de cuentas a las autoridades encargadas de la administración de la cárcel de máxima seguridad, solicitada por el diputado Jorge Luis Cálix.
EL HERALDO reveló esta semana que la cárcel, inaugurada hace tres años a un costo de 89 millones, se cae a pedazos por la mala construcción y mala calidad de los materiales.
La construcción se inició en la gestión del ministro Jorge Rodas Gamero, pero fue concluida en la gestión de Óscar Álvarez, quien actualmente es el jefe de bancada del Partido Nacional.
Pese a su elevado costo, la cárcel solo alberga 17 reos, aunque su capacidad es para 220.
El parlamentario confirmó que los servicios sanitarios están en mal estado, las paredes del recinto han sido destruidas y no ofrece las condiciones de máxima seguridad, como se aseguró.
Cálix pidió vía moción que se hiciera la investigación con el ministro de seguridad, pero el prosecretario del Congreso y presidente de la Comisión de
Seguridad, Tomás Zambrano, explicó que la administración de las cárceles ya no depende de la Policía sino de un Instituto Penitenciario adscrito a la Secretaría del Interior.
Zambrano dijo que actualmente los centros penales están a cargo de una Comisión de Transición del Instituto Penitenciario.
Como consecuencia sugirió al mocionante retirar su petición y presentarla en otro momento, sugerencia que fue aceptada.
El diputado Cálix igualmente demandó que se invite al plenario a la coordinadora del Observatorio de la Violencia e igualmente al secretario de Seguridad para que aclaren el tema de las diferencias que existen entre ambas instituciones acerca de las estadísticas de muertos por violencia en Honduras.
El congresista aceptó sugerencias de sus colegas de hemiciclo en el sentido que la comparecencia del funcionario fuera ante la Junta Directiva y los jefes de bancada para definir una agenda sobre una probable presentación de un informe al pleno o ante una comisión especial en audiencia pública.
