Tegucigalpa, Honduras-. La defensa de Kefi Esmeralda Gavarrete, esposa del gerente de Koriun Inversiones, interpuso un recurso de apelación contra la decisión de un juez de formalizar la acusación por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir en el proceso judicial.
El apoderado legal de Gavarrete, el abogado Julio Herrera, explicó que el recurso contra el auto de formal procesamiento fue presentado con base en el artículo 354 del Código Procesal Penal, con el propósito de que la Corte de Apelaciones revise la resolución emitida por el juez de primera instancia.
“En el caso de mi defendida -esposa de Iván Velásquez, gerente de Koriun- alegamos que no existe dolo en relación al delito de lavados de activos y que la ampliación presentada por el Ministerio Público no cumple con los requisitos legales, ya que no se trata de hechos nuevos, sino de situaciones ya discutidas en etapas anteriores”, afirmó.
Herrera señaló que la Corte de Apelaciones aún no se ha pronunciado debido a la complejidad del expediente.
Según detalló, en la ampliación de la acusación se añadieron múltiples hechos y se individualizó a un mayor número de personas, lo que retrasa el proceso de revisión.
“Cuando existen bastantes partes y varios delitos, es propio que la Corte de Apelaciones tome más tiempo para emitir una decisión”, indicó el abogado de Gavarrete.
En cuanto a la situación legal de su representada, el abogado recordó que Gavarrete guarda arresto domiciliario como medida cautelar. Explicó que esta condición responde a que la imputada se encuentra en un período de lactancia materna exclusiva, etapa que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede extenderse hasta los dos años.
“Estamos hablando de una menor de pocos meses de edad que necesita la lactancia materna y cuidados especializados, lo cual también debe ser valorado por el sistema de justicia”, expuso.
El defensor también abordó la línea de investigación que mantiene abierta el Ministerio Público. Aseguró que las pesquisas se extienden a la participación de otros posibles implicados y a la búsqueda de la trazabilidad del dinero vinculado al caso.
“La fiscalía tiene la obligación de dar con los responsables y con el origen de el dinero, pues se exige la devolución de los fondos a los afectados. Es un tema bastante controvertido porque no se ha establecido la existencia de la totalidad del dinero”, sostuvo.
Sobre este punto, Herrera aclaró que no representa a Iván Velásquez, gerente de Koriun y esposo de su representada, quien aparece en los expedientes, pero insistió en que corresponde a las autoridades de investigación establecer el destino final de los recursos.
"Son los entes de investigación quienes deben dar con la finalidad y el origen de ese dinero", agregó.
La estafa de Koriun
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó el pasado 14 de mayo en San Pedro Sula la detención de Kefi Esmeralda Gavarrete, en el marco de las investigaciones sobre un presunto esquema de estafa financiera ligado a la empresa de inversión Koriun.
De acuerdo con el Ministerio Público, Gavarrete figuraba como titular de una cuenta bancaria donde miles de personas realizaban depósitos bajo la promesa de obtener beneficios por productos financieros ofertados por la compañía.
La acusación señala que desde esa cuenta fueron retirados más de seis millones de lempiras, fondos que posteriormente habrían sido usados para efectuar reembolsos parciales a algunos clientes en el municipio de Choloma, Cortés.
La captura de Gavarrete ocurrió apenas un día después de la detención de su esposo, quien enfrenta cargos por lavado de activos, tenencia ilegal de armas y municiones, y desobediencia.
En el allanamiento a su residencia, las autoridades incautaron más de 125 millones de lempiras en efectivo, además de un arma de uso prohibido, entre ellas rifles AR-15.
La fiscalía también mantiene bajo investigación el destino de más de 358 millones de lempiras que, según las pesquisas, fueron captados por Koriun. De esa suma, únicamente se ha logrado justificar el uso de unos 90 millones, mientras que más de 200 millones permanecen sin respaldo contable.
La falta de permisos de operación dejó en evidencia una laguna de acontecimientos con muchas preguntas y pocas respuestas, pero, sobre todo, un posible margen de pérdida para más de 35,000 inversionistas.
Desde el 2018, la empresa inversora abrió las puertas en una vivienda en San Pedro Sula, Cortés. En poco tiempo logró expandirse a siete departamentos de el país, aunque no fue hasta 2023 cuando el Ministerio Público comenzó a recibir formales de empleados que habían trabajado en la compañía.
Las autoridades manejaron el caso en total hermetismo hasta que una investigación periodística de La Prensa reveló la existencia de una estafa piramidal bajo el esquema Ponzi, lo que destapó el alcance de las operaciones de Koriun y aceleró las acciones judiciales.
Hasta el momento, la defensa de Kefi Gavarrete espera que en los próximos días la Corte de Apelaciones emita una resolución sobre el recurso interpuesto, mientras el proceso judicial continúa abierto y bajo la lupa de los organismos de investigación.
