Tegucigalpa, Honduras
Las casas incautadas a la Mara Salvatrucha (MS-13) servirán como postas policiales, mientras que dos hospitales que también les fueron embargados podrían pasar a ser centros de atención del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El destino de estos bienes es analizado por operadores de justicia para que los mismos generen una utilidad pública y no se deterioren, entre otras consideraciones, según confió a EL HERALDO una fuente.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público (MP) y otras agencias de justicia le incautaron 102 bienes inmuebles a una estructura de la Mara Salvatrucha que cobra la extorsión.
Las incautaciones son parte de la Operación Avalancha que, además, se puso en desarrollo para presentar requerimientos fiscales contra cabecillas y colaboradores de esta organización criminal.
La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) tiene la posesión de estas propiedades y es a quien le corresponde definir el uso provisional de los capitales embargados, mientras el destino final de los mismos se dirime en el Poder Judicial.
Hospital
El Hospital de Emergencias Ochoa y el Centro Médico Hospitalario, en San Pedro Sula, fueron incautados porque se supone que sus propietarios los utilizaban para lavar activos provenientes del cobro del “impuesto de guerra”.
“Se está pensando en que los hospitales pasen a ser clínicas del Seguro Social, con eso se logra que haya atención pública y que no se tengan que cerrar”, dijo la fuente.
El Hospital de Emergencias Ochoa es propiedad del doctor Miguel Ángel Ochoa, quien según el Ministerio Público ha sido uno de los principales socios de la MS-13 para lavar el dinero procedente de la extorsión.
Miguel Ángel Ochoa fue procesado por blanqueo de capitales, pero se encuentra prófugo de la justicia.
En este sanatorio fueron encontrados 700 mil lempiras que se incautaron.
Mientras, el Centro Médico Hospitalario está a nombre de dos hijas del galeno, a las que se les dictó auto de formal procesamiento por lavado de activos.
De los 102 bienes incautados, diez corresponden a sociedades mercantiles y el resto son casas o mansiones.
EL HERALDO conoció de una fuente de entero crédito que la empresa Delca, que también fue incautada, podría ser cerrada y se subastarían los 117 vehículos pesados que tiene.
Hacer lo anterior es una medida de seguridad para evitar posibles ataques de pandilleros a los operadores de justicia.
También fueron incautados una zapatería, una barbería y un yonker, entre otros comercios.
El valor de todos los bienes incautados asciende a unos 200 millones de lempiras.
Postas policiales
También se incautaron 34 viviendas en las zonas norte y central del país y, de acuerdo con los planes de las autoridades, algunas de ellas podrían ser convertidas en postas policiales.
“Hay casas que están situadas en colonias dominadas por los pandilleros, por lo que difícilmente alguien las puede comprar en una subasta, por esa razón lo más convenientes es que sirvan como estaciones de policía”, argumentó la fuente.
Existen otros 44 lotes de terrero sobre los que todavía no hay nada definido, es decir que no se sabe si quedarán bajo administración de la OABI o se venderán.
Privación
El artículo 73 de la Ley sobre Definitiva de Bienes de Origen Ilícito establece que los bines, productos, instrumentos o ganancias que sean administrados por la OABI, en el caso de que no haya sentencia sobre su situación jurídica, pueden ser usados temporalmente por instituciones o personas.
El uso provisional debe ser autorizado por el fiscal general del Ministerio Público.
La entidad que reciba un bien en uso provisional deberá contratar un seguro para que responda por los daños que se le ocasionen al inmueble.
En la Operación Avalancha, que inició hace tres semanas, se han incautado 12,257,15 lempiras y 582 dólares que también están en poder de la OABI.
De igual manera se ha arrestado a 14 personas acusadas, entre otros delitos, de asociación ilícita ligada con la extorsión.
Entre los detenidos se encuentran el alcalde de Talanga, Francisco Morazán, Jorge Neftaly Romero, y el excomisario de la Policía Nacional Álvaro García.
La Operación Avalancha fue lanzada para incautarles unos 700 bienes a los pandilleros y otras organizaciones que cobran extorsión y para procesar judicialmente a sus jefes.
Las autoridades ya planifican la ejecución de la Operación Avalancha II.
