Colón, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) capturaron a un hombre vinculado al asesinato ocurrido en 2023 contra Ally Magdaleno Domínguez Ramos y Jairo Bonilla Ayala, ambientalistas defensores del río Guapinol Tocoa, Colón.
El individuo fue identificado como Douglas Naydel Campos Mejía, de 28 años de edad, y quien fue detenido en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales del municipio de La Lima, Cortés.
Sobre Campos Mejía pesaba una alerta roja internacional y una orden de captura emitida desde el 23 de octubre de 2023 por el Juzgado de Letras seccional de Tocoa, Colón.
A Ally Domínguez y Jairo Bonilla les quitaron la vida de forma violenta el 7 de enero de 2023. Ambos eran parte del grupo de defensores del río Guapinol y se oponían al megaproyecto minero que se ejecutaba por parte de Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras debido a las repercusiones ambientales que este dejaría. Los ambientalistas denunciaban que las labores mineras podrían afectar a las fuentes de agua de las que subsisten las comunidades.
Según las líneas investigativas, Domínguez y Bonilla se conducían en motocicleta en la carretera que se dirige hacia la aldea Guapinol para realizar labores de cobro de una compañía de cable. Lamentablemente, fueron interceptados y posteriormente hallados sin vida.
Meses después, específicamente el 15 de junio, fue asesinado Oquelí Domínguez, hermano de Ally Magdaleno y quien también formaba parte de la oposición al proyecto minero.
El conflicto se fue agravando, llegando al grado de que organizaciones denunciaron la criminalización hacia 32 personas opositoras a la minera entre 2018 y 2019. Entre estas personas, figuraban ambientalistas y miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Públicos de Tocoa.
Los ciudadanos Juan Antonio López (asesinado el 14 de septiembre de 2024), Carlos Leonel George George, Reynaldo Domínguez Ramos, José Adaly Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos enfrentaban un proceso judicial al ser acusados de privación injusta de libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita.
En 2022 se les dictó un sobreseimiento definitivo, pero una semana después de que fuera asesinado Juan López, la Corte de Apelaciones de Tocoa decidió revocar el sobreseimiento.
