Tegucigalpa, Honduras.-El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción celebró hoy una audiencia ad hoc, en la que se suspendió de manera provisional la orden de captura contra el empresario Lenir Pérez, acusado por los delitos de explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados, en perjuicio del medio ambiente.
La decisión judicial tuvo como objetivo "garantizar el acceso a la justicia y la igualdad de las partes intervinientes en el proceso penal, en apego al principio de una pronta y efectiva justicia penal", según lo expuesto durante la audiencia.
Como parte de las resoluciones, el juzgado autorizó el uso de mecanismos virtuales para que la audiencia de declaración de imputado, programada para el viernes 30 de enero de este año, sea transmitida en vivo a través de la página oficial del Poder Judicial.
Pérez mantiene su residencia en Palm Beach, Florida, desde inicios de 2023.
Requerimiento fiscal por daños ambientales
La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), presentó el lunes 23 de septiembre de 2024 un requerimiento fiscal contra personas vinculadas a las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, por su supuesta responsabilidad en daños ambientales al Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, ubicado en Tocoa, Colón.
El parque, reconocido por su importancia ecológica, habría sido objeto de explotación de recursos naturales, lo que presuntamente provocó afectaciones graves a la biodiversidad y a las cuencas hidrográficas de la zona.
Personas imputadas
Entre los imputados figura Lenir Pérez, en su condición de representante legal y presidente del consejo de administración de ambas empresas.
También fueron acusados Víctor Lorenzo Bernárdez Ramos, Fernando Manaces Padilla Díaz y Douglas Alexis Alvarenga Mendoza, por los delitos de explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados.
Además, el requerimiento incluye a Domingo Pineda Puerto, por cinco delitos de abuso de autoridad; César Noel Padilla Alcántara, por dos delitos ambientales en su condición de funcionario público; y Mario Antonio Martínez Padilla, por tres delitos ambientales bajo la misma figura.
Asimismo, fueron señalados José Santos Antúnez Zavala, Víctor Alfonso Romero Molina y Santos Didi Haylock Amaya, por daños agravados, mientras que Otoniel Flores Mira, Mizraim Ebiazaf Tábora y Filemón Flores Mira enfrentan cargos por usurpación de funciones públicas.
Según el MP, los hechos habrían sido cometidos en perjuicio del Comité de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, además de causar daños al equilibrio de los ecosistemas, al medio ambiente del Estado de Honduras, y constituir presunto abuso de la administración pública y de la fe pública.
Daños al ecosistema y recursos hídricos
De acuerdo con las investigaciones fiscales, desde el inicio del megaproyecto minero se habrían cometido múltiples violaciones a las normativas y permisos ambientales, generando deforestación en áreas no contempladas en las autorizaciones otorgadas.
El requerimiento fiscal señala que las intervenciones incluyeron la apertura de carreteras y obras dentro de la zona núcleo del parque, mediante el uso de maquinaria pesada y explosivos, lo que habría alterado tanto la superficie del suelo como el subsuelo, además de la eliminación de la cobertura boscosa natural.
Adicionalmente, se habrían registrado afectaciones en los ríos San Pedro, Guapinol y Tocoa, afluentes de la cuenca del río Aguán, lo que podría haber puesto en riesgo la disponibilidad de agua para las comunidades locales.
Ante estos hechos, el Ministerio Público solicitó que se autorice la restauración del equilibrio ecológico del sitio presuntamente afectado.
