Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) confirmó la detención de los primeros cuatro involucrados por corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), caso que involucra a la diputada Isis Cuéllar y al exministro José Carlos Cardona.
El 2 de febrero, MP emitió requerimientos contra 12 personas, incluyendo a la congresista de Libertad y Refundación (Libre) y al exfuncionario en el gobierno de Xiomara Castro.
Se conoce -de forma preliminar- que las personas ya capturadas son Reniery Fabrizzio Lazzaroni, Kassandra Galeas, Ilsy Valeska Baquedano e Iris Paola Pérez Moreno, todos acusados por el delito de fraude.
Ellos permanecen en la sede de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Las 12 personas con requerimiento fiscal son Isis Cuéllar, José Carlos Cardona, Rosy Yanira Martínez, Luis Manuel Fernández, Jennifer Nazareth Martínez, Mirza Nohelia Sánchez y José Manuel Cerrato.
Asimismo Reiniery Fabrizzio Lazzaroni, Eliud Reiniery Aguilar, Eleny Kassandra Galeas, Ilsy Valeska Baquedano e Iris Paola Pérez Moreno.
Investigación
José Carlos Cardona e Isis Cuéllar están señalados de cometer delitos de fraude en perjuicio de la administración pública durante su paso por Sedesol entre 2021 y 2025.
La investigación se centra en el uso indebido de más de L6,032,654.07, fondos que estaban destinados al Desarrollo Económico y Social del departamento de Copán.
Según el requerimiento fiscal, los hechos se originan el 25 de mayo de 2023, cuando Isis Carolina Cuéllar Erazo, diputada de Libre por el departamento de Copán, presentó ante la Secretaría del Congreso una solicitud de asignación presupuestaria identificada con el número PCN-PE-001.
En ese documento, Cuéllar Erazo solicitó un monto de 6,500,000.00 lempiras, proponiendo que los recursos fueran ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Social.
Para la Fiscalía, estos fondos no habrían sido utilizados conforme a los fines de utilidad pública establecidos en la ley presupuestaria, sino que fueron objeto de un esquema de fraude que causó un perjuicio directo a la administración pública, al no generar beneficios reales para las comunidades que supuestamente serían atendidas en Copán.
