Los 12 rostros que tienen requerimiento por desfalco millonario en Sedesol
La Fiscalía acusó a 12 personas, incluidos José Cardona e Isis Cuéllar, por 67 delitos de fraude que drenaron fondos sociales destinados a Copán
- Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 20:41
En un documento del Ministerio Público al que tuvo acceso EL HERALDO, se revelaron los rostros con nombre y apellidos de los 12 acusados en el caso del fraude millonario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). ¿Quiénes son? A continuación los detalles.
A la cabeza de los requeridos por el Ministerio Público por el desfalco de 6,032,654.07 figuran la diputada de Libre por el departamento de Copán, Isis Carolina Cuéllar Erazo, señalada como la gestora del presupuesto, y el exsecretario de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, quien habría facilitado la maquinaria administrativa para el desvío.
El documento del ente refiere que ambos actuaron en "contubernio" para asegurar que el dinero destinado a obras sociales, terminara en cuentas privadas.
No obstante, este desfalco a las arcas del Estado no solo fue obra de dos personas. El requerimiento fiscal detalla la participación de una estructura técnica y administrativa dentro de Sedesol. Entre los exfuncionarios acusados figuran Rosy Yanira Martínez González (gerente administrativa) y Luis Manuel Fernández García (Director de Monitoreo).
A la lista de los "autores" del millonario fraude se suman los nombres de otros mandos medios y representantes técnicos, entre ellos, Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga.
José Manuel Cerrato Villanueva y Reniery Fabrizzio Lazaroni Soler.
Eliud Reiniery Aguilar Pineda y Eleny Kassandra Galeas Arias.
Ilsy Valeska Baquedano y Iris Paola Pérez Moreno, identificadas como asistentes de la diputada Cuéllar. Según el informe, su función era coordinar el cambio de cheques en agencias de BANADESA y recolectar el efectivo para entregarlo a la parlamentaria.
Las investigaciones refieren que todos los mencionados integraron comités que aprobaron ayudas sociales a personas que no tenían ninguna condición de vulnerabilidad.
Asimismo, que el "modus operandi" era sistemático: utilizaban a personas con afinidad política, desde comerciantes hasta empleados públicos, para emitir cheques a su nombre. En algunos casos, incluso se falsificaron firmas de ciudadanos que nunca supieron que estaban siendo utilizados para un desfalco millonario.
Para intentar burlar los controles, la red distribuía "migajas" entre los supuestos beneficiarios. Al realizar inspecciones meses después, el Ministerio Público encontró en viviendas apenas un par de bolsas de cemento o mobiliario plástico barato. Era la forma rústica pero efectiva de simular ante auditorías que el dinero de Copán se estaba invirtiendo en la gente.
Los peritos identificaron un patrón uniforme: 67 expedientes con facturas y cotizaciones idénticas, donde solo cambiaba el nombre del beneficiario. Los proyectos de "emprendimiento" eran una fotocopia uno del otro, enfocados en alquiler de carpas y sillas, una actividad que casi ninguno de los acusados realizaba en la realidad.
En ese sentido, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) solicitó que se librara orden de captura nacional e internacional y que se giraran alertas migratorias contra todos los mencionados.
Los doce acusados enfrentan ahora un proceso judicial por sesenta y siete delitos de fraude cometidos a título de autores.