Corrupción
Exclusivo suscriptores
Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general de la República, Johel Zelaya, aseguró que el Ministerio Público mantiene su compromiso de investigar sin excepciones los casos de corrupción, al presentar los resultados de la investigación por un presunto desvío de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Zelaya explicó que la investigación inició el 23 de junio de 2025, luego de que circulara en redes sociales y medios de comunicación un video que evidenciaba un posible uso irregular de fondos públicos a mano de, en ese entonces, funcionarios públicos.
Según indicó Zelaya, ese mismo día, ordenó de manera pública y directa el inicio de las diligencias para esclarecer los hechos y llegar al fondo del caso.
Pese a las afirmaciones de Zelaya, la investigación ha sido sumamente cuestionada por diversos sectores políticos y ciudadanos, especialmente, porque tuvieron que pasar más de siete meses para qué se girarán las órdenes de captura en contra de los involucrados.
Cabe destacar que, este lunes -2 de febrero- el Poder Judicial dio a conocer la emisión de 12 órdenes de captura en contra de los involucrados en el caso, entre ellos, José Carlos Cardona, extitular de Sedesol e Isis Cuellar, actual diputada de Libertad y Refundación (Libre).
El fiscal general señaló que, aunque el Ministerio Público enfrentó "ataques, señalamientos y juicios mediáticos" que cuestionaban el avance de la investigación, e incluso afirmaciones de que el caso no sería presentado ante la justicia, los equipos continuaron trabajando de forma técnica y silenciosa.
“Mientras el tema era debatido en espacios públicos, nuestros equipos recopilaban pruebas, realizaban análisis financieros y documentaban la información necesaria para construir un expediente sólido que podamos defender ante la justicia hondureña”, afirmó Zelaya.
De acuerdo con lo expuesto, las autoridades identificaron un mecanismo mediante el cual fondos destinados a ayudas sociales para el departamento de Copán fueron desviados y utilizados para fines distintos a los establecidos.
Las investigaciones señalan como imputada a la diputada Isis Cuéllar, quien, según el Ministerio Público, habría gestionado millonarios recursos para ayudas sociales y proyectos comunitarios, pese a observaciones técnicas y advertencias sobre la ejecución de los fondos. Para ello, se habrían creado mecanismos administrativos a través del denominado Fondo Administrativo Solidario.
Uno de los hallazgos más graves, según Zelaya, es que ninguna de las 67 personas incluidas como beneficiarias reunía condiciones de vulnerabilidad, ya que muchas contaban con empleos, ingresos propios, negocios, propiedades e incluso aspiraciones políticas, lo que evidenció un uso con fines distintos a los sociales.
Finalmente, el fiscal general aseguró que “Los fondos públicos no pueden ser utilizados para jugar con la esperanza de la población. Nuestro compromiso es continuar investigando, sin excepciones”.
