Corrupción
Exclusivo suscriptores
Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público reveló, a través de un requerimiento fiscal presentado ante la Corte Suprema de Justicia, la presunta estructura mediante la cual se habría cometido un fraude millonario dentro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), utilizando asignaciones presupuestarias destinadas a proyectos sociales en el departamento de Copán.
El requerimiento fiscal al que tuvo acceso EL HERALDO, detalla una secuencia de hechos administrativos, presupuestarios y operativos que, según la acusación, permitieron la malversación de 6,032,654.07 lempiras, mediante la simulación de procedimientos internos y la participación coordinada de funcionarios de alto y medio nivel.
En total, la Fiscalía acusa a 12 personas, entre ellos, la diputada del Congreso Nacional; Isis Cúellar, el exsecretario de Sedesol; José Carlos Cardona y exfuncionarios técnicos y administrativos de Sedesol, a quienes se les imputan 67 delitos de fraude en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
+Lea aquí el requerimiento completo
El inicio: la gestión desde el Congreso Nacional
Según el requerimiento fiscal, los hechos se originan el 25 de mayo de 2023, cuando Isis Carolina Cuéllar Erazo, diputada de Libre por el departamento de Copán, presentó ante la Secretaría del Congreso una solicitud de asignación presupuestaria identificada con el número PCN-PE-001.
En ese documento, Cuéllar Erazo solicitó un monto de 6,500,000.00 lempiras, proponiendo que los recursos fueran ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Social.
La diputada argumentó que los fondos serían utilizados para proyectos de utilidad pública, orientados al desarrollo económico y social de comunidades de Copán, amparándose en el artículo 292 del Decreto Legislativo 157-2022, correspondiente al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023.
La acusación establece que el 3 de julio de 2023, el expresidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo, remitió al entonces secretario de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, el oficio PCN-0202-2023.
Mediante ese documento, el Poder Legislativo notificó formalmente que se autorizaba la ejecución de la asignación presupuestaria solicitada por la diputada Cuéllar Erazo y se ratificaba a Sedesol como institución ejecutora de los fondos públicos destinados a Copán.
Para la Fiscalía, este momento marca el punto en el que la asignación presupuestaria pasó del plano legislativo al administrativo, quedando bajo la responsabilidad directa del titular de Sedesol.
De acuerdo con el Ministerio Público, el 9 de octubre de 2023, José Carlos Cardona, emitió el Acuerdo Ministerial 083-A-SEDESOL-2023, mediante el cual se creó el Reglamento Interno del Fondo de Administración Solidaria para la ejecución de asignaciones presupuestarias del ejercicio fiscal 2023.
Aunque el acuerdo se sustentó formalmente en el Decreto Legislativo 157-2022, que autorizó hasta 950 millones de lempiras para obras sociales, infraestructura menor y becas, la Fiscalía sostiene que este reglamento permitió establecer mecanismos administrativos que, en la práctica, habrían servido para flexibilizar controles, simular procesos de verificación y facilitar desembolsos irregulares.
Según la acusación, la normativa interna habría sido utilizada para justificar pagos y liquidaciones sin una comprobación efectiva del destino real de los recursos.
El dinero ejecutado y el presunto perjuicio al Estado
El requerimiento fiscal precisa que, del monto inicialmente solicitado de 6.5 millones de lempiras, la cantidad efectivamente ejecutada ascendió a 6,032,654.07 lempiras.
Para la Fiscalía, estos fondos no habrían sido utilizados conforme a los fines de utilidad pública establecidos en la ley presupuestaria, sino que fueron objeto de un esquema de fraude que causó un perjuicio directo a la administración pública, al no generar beneficios reales para las comunidades que supuestamente serían atendidas en Copán.
Además de la diputada Isis Cuéllar, señalada como quien gestionó y promovió la asignación presupuestaria, el Ministerio Público acusa a José Carlos Cardona, exsecretario de Sedesol a quien atribuye un rol central en la creación de los mecanismos administrativos que permitieron la presunta ejecución fraudulenta de los fondos.
El requerimiento fiscal también incluye a Rosy Yanira Martínez González, quien se desempeñaba como gerente administrativa de Sedesol y que, según la Fiscalía, habría intervenido en la autorización y tramitación de procedimientos administrativos relacionados con el manejo de los recursos.
Asimismo, figura Luis Manuel Fernández García, señalado como funcionario que participó en procesos administrativos vinculados a la ejecución presupuestaria; Jennifer Nazareth Martínez Suazo, identificada como funcionaria de apoyo administrativo; y Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, a quien la acusación ubica dentro de la estructura operativa que permitió la validación de trámites y documentos.
También figuran José Manuel Cerrato Villanueva, técnico señalado por su participación en procedimientos de soporte operativo; Reniery Fabrizzio Lazaroni Soler, funcionario vinculado a la ejecución administrativa; y Eliud Reiniery Aguilar Pineda, quien, según el Ministerio Público, intervino en procesos relacionados con la gestión y control de los fondos.
El listado de imputados se completa con Eleny Kassandra Galeas Arias, Ilsi Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno, todas señaladas como participantes en diferentes fases del esquema administrativo que, de acuerdo con la Fiscalía, permitió consumar los 67 delitos de fraude imputados en el requerimiento.
El Ministerio Público sostiene que todos los acusados actuaron a título de autores, al intervenir de manera directa y coordinada en los actos que facilitaron la presunta malversación de los recursos públicos.
En el requerimiento fiscal, la Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se libren órdenes de captura nacionales e internacionales contra los imputados, así como la emisión de alertas migratorias para evitar su salida del país.
Además, pidió la autorización de órdenes de allanamiento, con el objetivo de ejecutar las capturas y asegurar documentación que considere relevante para el desarrollo del proceso penal.
