Corrupción
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Tegucigalpa, Honduras.-El exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona Erazo, se pronunció públicamente luego de que se diera a conocer la emisión de una orden de captura en su contra en el marco del denominado caso de corrupción en Sedesol, vinculado al manejo del Fondo de Administración Solidaria (FAS).
A través de una carta pública, Cardona aseguró que la acusación surge a raíz de una llamada telefónica grabada y divulgada en junio de 2025, hecho que motivó su renuncia inmediata al cargo, con el fin —según afirmó— de facilitar una investigación transparente sobre su actuación.
Indicó además que en varias ocasiones se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público y solicitó rendir declaración, sin obtener respuesta.
El exfuncionario sostuvo que la creación del FAS fue una decisión política tomada por el gobierno y el Congreso Nacional, sin consulta previa a los ministros de las instituciones ejecutoras, lo que —dijo— generó dificultades administrativas y técnicas.
Afirmó que Sedesol fue concebida como un ente técnico y no como ejecutor de fondos, y que la implementación del FAS contravenía la naturaleza de la institución.
Cardona señaló directamente a la diputada Isis Carolina Cuéllar, a quien acusó de ejercer presiones políticas para acelerar la ejecución del fondo y de manejar la distribución de cuotas presupuestarias entre diputados. Asimismo, negó haber participado en la creación, alteración o aprobación de expedientes de ayudas y aseguró no conocer a beneficiarios del FAS en ningún punto del país.
En su pronunciamiento, el exministro manifestó estar dispuesto a enfrentar el proceso judicial, pidió que se respete su derecho a la defensa y reiteró su inocencia. "Pido que se respete mi derecho a la defensa y la oportunidad de demostrar mi inocencia ante tales acusaciones".
También denunció haber sido objeto de amenazas y de un trato desigual frente a otros involucrados en el caso.
Cardona hizo un llamado al nuevo gobierno para eliminar el Fondo de Administración Solidaria, al considerar que los diputados no deben tener acceso a recursos públicos para fines asistenciales, y solicitó a organizaciones de derechos humanos que den seguimiento a su caso y brinden protección a su familia.
"Estoy consciente de las consecuencias a enfrentar tras verter este comunicado y pido a organizaciones de derechos humanos que se monitoree la evolución de este caso y se proteja a mi familia, víctimas colaterales de este suceso tan bochornoso e innecesario, tanto más cuanto que nunca fue nuestra voluntad ser partícipes de un fondo de ese tipo y como funcionario, todas mis acciones respecto del mismo fueron de indiferencia y rechazo", finalizó su extensa carta.
