San Pedro Sula, Cortés.- Mediante un comunicado, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) dijo estar en contra de la decisión del gobierno en utilizar fondos públicos para indemnizar a las personas que no recuperen su dinero con Koriun Inversiones.
El 15 de mayo, el titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, dijo que la presidenta Xiomara Castro tomó la decisión y se confeccionará el marco legal.
"Como gobierno sensible a los reclamos e injusticias, por orden de la Presidenta de la República se prepara en este momento un proyecto de ley que será enviado de urgencia al Congreso Nacional para apoyar a los afectados por la empresa Koriun usando fondos del Presupuesto Nacional", indicó Sierra.
Sin embargo, y en concordancia a varios abogados, la CCIC puntualizó que el gobierno estaría cometiendo una ilegalidad.
"Los depositantes asumieron voluntariamente un riesgo al entregar su dinero a una empresa no regulada, motivados por promesas de ganancias extraordinarias, propias de esquemas financieros de tipo piramidal", cita la Cámara de Comercio de Cortés en uno de sus puntos.
Agregan que "el uso de fondos públicos para cubrir pérdidas privadas es jurídicamente improcedente y establecería un precedente nocivo, abriendo la puerta a futuros fraudes que podrían generar reclamos similares, lo que afectaría la sostenibilidad de las finanzas del país".
A su vez, "rechazamos cualquier iniciativa con ese objetivo, pues carece de sustento legal y viola principios básicos del derecho administrativo y presupuestario", añaden.
Ante ello, la CCIC recordó al gobierno de Xiomara Castro que el uso de los fondos públicos debe ser destinado en otros aspectos.
"Los recursos del Estado deben ser destinados al bienestar común, no al rescate de inversiones riesgosas realizadas por particulares. Cualquier intento de utilizar estos fondos para indemnizar pérdidas privadas sería injusto para los millones de hondureños que cumplen con sus obligaciones fiscales o que esperan mejora de los servicios básicos", reza el comunicado.
Asimismo, piden que se deduzca responsabilidad a funcionarios que hicieron caso omiso ante la situación.
"Exhortamos a las autoridades competentes a identificar, investigar y sancionar a los verdaderos responsables del esquema fraudulento, incluyendo a quienes diseñaron, promovieron o facilitaron su funcionamiento. Esto incluye también la omisión de deberes por parte de los entes públicos con competencia de supervisión, control o fiscalización", advierten.
Finalmente plasman: "Instamos al Estado a enfocar sus esfuerzos en la educación financiera, el fortalecimiento institucional y la justicia efectiva; en lugar de comprometer el bienestar colectivo con indemnizaciones que podrían poner en riesgo el desarrollo del país".
Fue hasta diciembre de 2024 cuando la Unidad de Investigación Financiera (UIF), adscrita a la CNBS, elaboró un informe basado en información obtenida en redes sociales.
El documento fue remitido a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), lo que derivó en la apertura de una investigación contra Koriun y sus principales operadores.