Tegucigalpa, Honduras.— Más de seis millones y medio de hondureños están habilitados para poder ejercer el sufragio en las elecciones generales del 30 de noviembre; sin embargo, varios miles de ciudadanos no lo podrán hacer debido a un bloqueo legal.
Un total de 6,355 hondureños quedaron inhabilitados para ejercer ese derecho ciudadano y no estarán en el censo nacional electoral a razón de que tienen antecedentes penales vigentes.
El Poder Judicial (PJ) mediante la Unidad de Antecedentes Penales, remitió el pasado 17 de agosto el último corte sobre las y los ciudadanos hondureños que tienen antecedentes penales y que por ende, tal y como lo establece la Ley Electoral de Honduras, no les es permitido votar si están en esa condición.
Norma Casco, coordinadora nacional de la Unidad de Antecedentes Penales, confirmó que "la última información que nosotros dimos al Consejo Nacional Electoral fue de 6,355. El corte lo hicimos el 17 de agosto de este año".
Estas son personas que gozan de libertad, algunas de ellas condicionales, ya que están terminando de cumplir sus penas de prisión fuera de la cárcel, pero con ciertas medidas restrictivas, pero tienen activos sus antecedentes penales por algún delito cometido.
A un paso de hacerlo
El último informe enviado por el Poder Judicial (PJ) al CNE también demostró que 2,062 personas que tuvieron antecedentes penales activos ya pudieron ser incluidos en el Censo Nacional Electoral, sin embargo, eso precisa de un trámite personal.
Para esto es necesario que el ciudadano se apersone a la Secretaría del CNE, la constancia de antecedentes penales ya sin registro de antecedente penal y hacer el procedimiento para que pueda ser incluido en el censo y así poder ejercer el sufragio.
"Es importante recordarle a la ciudadanía que no quedan exentos del registro de antecedentes penales una vez que le entregan la carta de libertad", aclaró la abogada Norma Casco, explicando que es necesario hacer el trámite el CNE para nuevamente pueda ser habilitado para votar, si así lo quisiera.
Las personas, que por una u otra razón cometieron un delito y se activaron sus antecedentes penales después del 17 de agosto, cuando se envió el último reporte del PJ, tampoco podrán acudir a las urnas el 30 de noviembre.
