Honduras

Anuncian una interventora para Ministerio Público

El fiscal permanecerá en el cargo, pero le nombrarán una comisión interventora para resolver los problemas de la Fiscalía en lo que resta de su mandato.

07.04.2014

Con cambios de última hora se inicia este martes el proceso de rendición de cuentas y medición de resultados de los operadores de justicia, con la comparecencia en el Congreso Nacional del Fiscal General del Estado, Luis Alberto Rubí, a partir de las 5:00 de la tarde. Originalmente estaba previsto que el secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla; el director de la Policía, Juan Carlos Bonilla, y Eduardo Villanueva, director de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), rindieran su informe este martes.

Sin embargo, a raíz del cambio, el ministro Bonilla comparecerá el miércoles a las 5:00 pm y el director policial a las 7:00 de la noche.

Ambos responderán a las preguntas de los diputados sobre los resultados de su gestión, sobre todo de la aplicación de las leyes aprobadas contra el combate de la criminalidad y que sectores como Ciprodeh han calificado como débiles. El último a asistir al Congreso nacional será el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, el jueves a las 10:00 am.

Sin embargo, personajes como Juan Almendárez se preguntaron por qué no se llama también al Congreso Nacional, al ministro Marlon Pascua y al jefe del Estado Mayor, René Osorio.

Organizaciones civiles aglutinadas en la Alianza por la Justicia y la Paz solicitaron la semana pasada al Congreso Nacional citar a los operadores de justicia para que rindan cuentas de su gestión y, de paso, exigieron la renuncia de Eduardo Villanueva, director de la DIECP.

En cuanto a la estabilidad en el cargo del fiscal general Luis Alberto Rubí, trascendió de fuentes ligadas a la Junta Directiva del Congreso Nacional que después del proceso de comparecencias, una de las recomendaciones de la comisión será que se nombre una especie de “Junta Interventora” para reordenar el Ministerio Público, sobre todo aquellas Fiscalías Especiales que mantienen una mora en la judicialización de casos vinculados con el crimen organizado, tal como lo han recomendado las auditorías que se han realizado al efecto.