Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de la estrategia de seguridad establecida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, los operadores de seguridad y justicia que integran la Agencia Nacional Contra el Crimen mantienen activa la planificación y ejecución de operaciones orientadas a identificar, ubicar, capturar y judicializar a integrantes de estructuras criminales y asociaciones terroristas.
Tras los primeros resultados obtenidos mediante la Operación Escudo de Honduras, la Secretaría de Seguridad, a través del Directorio Estratégico de la Policía Nacional, desarrolla un proceso de evaluación operativa y análisis de resultados.
El objetivo es reajustar la estrategia, identificar nuevas áreas de intervención y establecer prioridades territoriales de acuerdo con los niveles de incidencia delictiva y la presencia de estructuras criminales.
El proceso se desarrolla mediante una coordinación integral entre las Fuerzas Armadas, la Policía Militar del Orden Público y el Ministerio Público, a través de diferentes fiscalías especializadas.
Las acciones buscan fortalecer el intercambio de información, las capacidades de inteligencia e investigación criminal, así como la ejecución de operaciones y procedimientos judiciales.
Como parte de esta fase de planificación, se identifican y priorizan sectores estratégicos en las principales ciudades del país. En estas zonas se contempla la ejecución de operaciones territoriales bajo un modelo integral que combina acciones preventivas y disuasivas con labores de inteligencia e investigación criminal.
Las autoridades informaron que las intervenciones estarán sustentadas en información previamente analizada y, cuando corresponda, estarán acompañadas de órdenes judiciales de captura, allanamiento y otras diligencias autorizadas por la autoridad competente.
Las acciones estarán dirigidas contra personas vinculadas, según las investigaciones, a estructuras criminales relacionadas con delitos de alto impacto.
El análisis de los primeros resultados permitirá reajustar de forma táctica y estratégica los despliegues y concentrar las capacidades policiales, militares, fiscales y de investigación en objetivos y territorios priorizados.
Según las autoridades, con estas acciones se busca optimizar el uso de los recursos disponibles, fortalecer la capacidad de respuesta institucional y obtener resultados en materia de prevención, persecución penal y desarticulación de estructuras criminales.
Las primeras operaciones ejecutadas como parte de la estrategia han permitido capturar a personas vinculadas, según las investigaciones, con delitos como extorsión, homicidio, tráfico de drogas, secuestro, robo de motocicletas y vehículos, desplazamiento forzado, lavado de activos y asociación para delinquir, entre otros ilícitos de alto impacto.
Durante las operaciones también se han decomisado armas de fuego, municiones, sustancias estupefacientes y otros elementos de interés para las investigaciones.
Las evidencias son incorporadas a los procesos correspondientes para determinar su posible relación con actividades delictivas y fortalecer los expedientes presentados ante los órganos jurisdiccionales.
Una de estas acciones se desarrolló en el occidente del país, donde, mediante operaciones especiales, fueron decomisados varios fusiles de asalto que, de acuerdo con las líneas de investigación, tendrían como destino una organización catalogada por las autoridades como terrorista.
Las investigaciones buscan determinar la procedencia del armamento y sus posibles receptores.
El control y decomiso de armas de alto poder de fuego forma parte de los componentes priorizados en la estrategia de intervención, debido a su posible utilización en hechos violentos y acciones de intimidación contra la población, según las autoridades.
La Agencia Nacional Contra el Crimen mantiene un ciclo de planificación, ejecución, evaluación y reajuste operativo orientado a anticipar las acciones de las estructuras criminales, intervenir territorios priorizados, fortalecer la investigación criminal y llevar ante la justicia a las personas vinculadas con actividades ilícitas.
La estrategia plantea una intervención territorial integral mediante la coordinación de las capacidades del Estado para prevenir e investigar delitos, capturar y judicializar a integrantes de organizaciones criminales y reducir la incidencia de delitos de alto impacto.
