TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las diferencias entre las autoridades del
Consejo Nacional Electoral (
CNE) no cesan y pese a que el presidente de este ente ha sido el promotor de un acuerdo político por la paz surgió otro convenio.
El consejero Kelvin Aguirre remitió el pasado 4 de noviembre a las abogadas Rixi Moncada y Ana Paola Hall una propuesta denominada “Acuerdo político para lograr unas elecciones generales pacíficas” para hacer sus observaciones al documento, que comprende una serie de compromisos de parte de las organizaciones partidarias durante la campaña electoral y el día de las elecciones generales (incluyendo en el período poselectoral) para evitar una crisis.
Sin embargo, Moncada sugirió que en este pacto debe incorporarse a otros actores fundamentales en el proceso democrático del próximo 28 de noviembre. El Registro Nacional de las Personas (RNP), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, los titulares de las Secretarías de Defensa y Seguridad y el fiscal general de la República tendrían que firmar el referido acuerdo, considera la funcionaria.
Las proposiciones tanto de Aguirre como de Moncada coinciden en la promoción de una votación libre, transparente, pacífica, justa, participativa y la aceptación de los resultados derivados de la justa electoral venidera. Además, resaltan la necesidad de que las actividades políticas y de campaña se desarrollen sin recurrir a insultos, agresiones o violencia, rechazando el fomento de toda forma de odio, las diatribas y la difamación.
El consejero Kelvin Aguirre remitió el pasado 4 de noviembre a las abogadas Rixi Moncada y Ana Paola Hall una propuesta denominada “Acuerdo político para lograr unas elecciones generales pacíficas” para hacer sus observaciones al documento, que comprende una serie de compromisos de parte de las organizaciones partidarias durante la campaña electoral y el día de las elecciones generales (incluyendo en el período poselectoral) para evitar una crisis.
Sin embargo, Moncada sugirió que en este pacto debe incorporarse a otros actores fundamentales en el proceso democrático del próximo 28 de noviembre. El Registro Nacional de las Personas (RNP), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, los titulares de las Secretarías de Defensa y Seguridad y el fiscal general de la República tendrían que firmar el referido acuerdo, considera la funcionaria.
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Propuestas
EL HERALDO tuvo acceso a ambas propuestas de este acuerdo, cuya versión final deberá aprobarse por el pleno de consejeros del CNE.Las proposiciones tanto de Aguirre como de Moncada coinciden en la promoción de una votación libre, transparente, pacífica, justa, participativa y la aceptación de los resultados derivados de la justa electoral venidera. Además, resaltan la necesidad de que las actividades políticas y de campaña se desarrollen sin recurrir a insultos, agresiones o violencia, rechazando el fomento de toda forma de odio, las diatribas y la difamación.
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En ese sentido, el escrito que impulsa la representante del partido de izquierda en el órgano colegiado estipula que se ordenará la suspensión inmediata de toda propaganda política prohibida.
“Este acuerdo será remitido formalmente a cada uno de los miembros del G-16, al cuerpo diplomático acreditado en el país y a los organismos internacionales con competencia en materia electoral como base para su observación y evaluación en torno al desarrollo de la campaña electoral y las elecciones en el país”, se recomienda en el planteamiento enviado por Moncada.
