Tasa de Seguridad: sin rastro de L5,200 millones y 157 resoluciones perdidas

Tegucigalpa, Honduras. La Tasa de Seguridad se ha convertido en una verdadera pesadilla para los hondureños. Por un lado, el Gobierno actual no ha rendido cuentas sobre el uso de casi 5,200 millones de lempiras recaudados entre 2023 y 2025; por otro, se extraviaron al menos 157 resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) entre 2013 y 2021.

En mayo de 2022, el Congreso Nacional, por petición de Poder Ejecutivo, determinó eliminar el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, pero dejo vigente el impuesto, por lo que la Secretaría de Finanzas no solo recogió la documentación, incluyendo las resoluciones, sino que también se convirtió en el administrador de los recursos a través de la caja única de la Tesorería.

La Tasa de Seguridad ha demostrado ser una robusta fuente de ingresos para el Estado, inyectando a la caja única de la Tesorería casi 16,600 millones de lempiras entre enero de 2022 y agosto de 2025.

De ese monto, el Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y Casa Presidencial, ejecutó al menos 11,400 millones de lempiras.

Aunque antes del 2022 Casa Presidencial no era beneficiaria de los recursos de la Tasa de Seguridad, de acuerdo con información obtenida a través de solicitudes de información pública, la Secretaría de Finanzas le ha transferido en los últimos cuatro años un total de 1,022.9 millones, los cuales aparecen como ejecutados, pero nadie sabe cómo se usaron.

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Al comparar los ingresos registrados en los últimos cuatro años con lo ejecutado, se refleja un saldo de casi 5,200 millones de lempiras, de los cuales no se sabe su destino ya que ninguna autoridad gubernamental da detalles.

EL HERALDO Plus, a través de Relaciones Públicas de la Secretaría de Finanzas, intentó conocer una explicación oficial sobre el destino de esos 5,200 millones de lempiras, pero los encargados de esa oficina responsable de manejar las comunicaciones de ese ministerio no respondieron.

Así como no hay rastros de casi 5,200 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad, tampoco lo hay de 157 resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad entre el 2013 y 2021.

Este consejo, del cual forman parte los tres poderes de Estado, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), emitió en esos nueve años, al menos 499 resoluciones mediante las cuales se repartieron confidencialmente miles de millones de lempiras supuestamente para mejorar la seguridad ciudadana.

Una vez clausuradas las actividades del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, en diciembre de 2022, la documentación que se mantenía en sus oficinas fue entregada a la Secretaría de Finanzas para su custodia, pero este ente a finales de 2023 informó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que la documentación recibida no estaba clasificada u ordenada, y debido a la magnitud de la misma se desconocía a detalle la información recibida.

Además, informó que “no contaba con la documentación respaldo de la mayoría de compras realizadas, lo que le impide realizar un inventario de los bienes adquiridos”, además que “desconocía el total de bienes que fueron adquiridos con recursos del Fideicomiso”.

En su informe, el TSC estableció que no obtuvo acceso a todas las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad referentes al Fideicomiso Temporal para la Administración de los Recursos del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.

El acceso a estas resoluciones es vital para entender cómo se gastaron los recursos destinados a seguridad, y su pérdida obstaculiza cualquier esfuerzo serio por establecer la responsabilidad de las autoridades que manejaron estos fondos.

Al comparar la documentación que la Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO Plus ha obtenido por distintas vías, con los datos obtenidos mediante peticiones de información realizadas a Finanzas se encontró que de las 499 resoluciones emitidas por este consejo entre el 2013 y 2021 un total de 157 no fueron entregadas y se dan por perdidas.

En el 2013, según los registros de la Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO, el CNDS emitió 85 resoluciones, pero a Finanzas solo le trasladaron 79; en el 2014 se emitieron 130, pero no se entregaron 52.

En tanto, en 2015 se emitieron 84 resoluciones, pero no se traspasaron 31; en el 2016 se emitieron otras 46 resoluciones no obstante 17 desaparecieron.

Igual sucedió en 2017, cuando el CNDS emitió 69 resoluciones, pero ahora no hay documentación de 25; asimismo de las 41 emitidas en el 2018 no se entregaron 10; de a las 19 aprobadas en 2019 desaparecieron 3; de 18 emitidas en 2020 también se perdieron 9 y de 7 emitidas en 2021 también no se entregaron cuatro.

Sobre el paradero de la documentación extraviada, EL HERALDO, vía teléfono y mensajería, trató de conocer la versión del coronel Carlos Roberto Aldana Zelaya quien era el secretario ejecutivo del CNDS, pero el militar nunca respondió.

Los documentos extraviados contenían asignaciones millonarias de dinero para todos los entes operadores de justicia. Por ejemplo, la desaparecida resolución CNDS 39-2013 establecía la entrega a las Fuerzas Armadas de 109 millones de lempiras para la denominada Operación Libertad, que el Comité Técnico del Fideicomiso debía fiscalizar y auditar.

También en las resoluciones del CNDS 20 y 21 del año 2014 se determinó la conformación de Fusina. De igual manera, la resolución CNDS 85-2014 trataba de la erogación de 260 millones de lempiras para implementar la tercera etapa del proyecto de la Policía Militar.

Mientras que la resolución CNDS 100-2014 precisaba la asignación de 7.2 millones de dólares para ejecución de proyecto Sistema Táctico de Localización, Interceptación y Bloqueo Local de señales (Hardware, software, entrenamiento, repuestos, mantenimiento, garantías) que proveería la empresa mercantil Verint Systems Ltd.

Otra resolución perdida es la CNDS 104-2014, mediante la cual se asignaron 6.1 millones de dólares a las Fuerzas Armadas para la reparación de dos helicópteros identificados como FAH-947 y FAH-948.

Asimismo, desapareció la resolución CNDS 118-2014 que autorizaba a Juan Ramón Molina, coordinador del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad, para que procediera a la compra de un helicóptero marca Bell, modelo 412 para las Fuerzas Armadas por un valor de 12.3 millones de dólares.

Otra resolución que no fue entregada a Finanzas fue la CNDS 122-2014, que ordenaba la erogación de 7.9 millones de dólares para desarrollar por medio de la sociedad mercantil Grupo Visión el sistema Integral de Seguridad Aeroportuaria.

Tampoco aparece la resolución CNDS 45-2015, donde se ordenó al Comité Técnico de la Tasa de Seguridad, erogar 40 millones de lempiras para recuperación de espacios públicos que consiste en la reconstrucción de 20 parques en las zonas vulnerables a la violencia a razón de dos millones de lempiras por cada parque.

Lo mismo sucedió con la resolución CNDS 70-2015, mediante la cual se le otorgó al Ministerio Público 131.6 millones de lempiras para que los invirtiera en los componentes Organización y Funcionamiento, Recursos Humanos y Material y Equipo. Estos documentos enumerados son una pequeña parte de la documentación perdida.

Según diversos sectores, la opacidad sobre la administración y uso de estos recursos plantea serios interrogantes sobre la eficiencia del uso de los recursos de los contribuyentes y su impacto real en la seguridad ciudadana.

Para Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia en la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el problema es que “la Tasa de Seguridad se volvió un 'foco de corrupción'. Al tratarse de fondos destinados a temas de seguridad nacional, se aprovecharon de eso para obviar los principios de rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los fondos”.

Recordó que esta recaudación surgió en 2012 como una estrategia de inversión adicional luego del pico histórico de 86 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2011. El Gobierno de entonces reconoció la necesidad de inyectar más recursos en seguridad, sin embargo, encontró en este mecanismo una vía para obviar los principios de transparencia y rendición de cuentas, al tratarse de recursos destinados a temas de seguridad nacional.

La crítica más contundente de Castañeda se enfoca en la ausencia total de resultados tangibles. A pesar de más de diez años de cobro, el ciudadano paga por un servicio que no recibe, pues "nadie ve un policía en la calle" atendiendo las necesidades básicas de seguridad. “La Tasa de Seguridad se volvió un pago por algo que no recibimos", deploró.

La Tasa de Seguridad ha fracasado en resolver los problemas que motivaron su creación. Los dueños de pulperías y los microempresarios, quienes deberían ser los más protegidos, siguen siendo víctimas de la extorsión, lo cual demuestra que los problemas originales han crecido o se mantienen, a pesar del sacrificio económico de la población.

El tema de la seguridad en el país se volvió un negocio. Con esos fondos se compraron flotas de vehículos, se realizó una innovación básica de tecnología en diferentes instituciones, se conformó en el Ministerio Público la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), entre otras cosas, no obstante, comparado con la cantidad de dinero recaudado, los resultados son pobres, se redujeron los homicidios, pero no hay una respuesta efectiva del Estado hacia otros delitos, consideró Castañeda.

Para él, en el reparto del dinero recaudado la gran beneficiada es la Secretaría de Seguridad. Por otro lado, "¿qué está haciendo la Casa Presidencial si ella no forma parte de los beneficiarios? Dicen que están coordinando el tema del Sistema Nacional de 911. ¿Qué tiene que hacer Sistema 911 y la Dirección de Inteligencia dentro de la supervisión de Casa Presidencial?", cuestionó.

Recordó que "la bolsa de pus" de este impuesto ya explotó en una Corte Federal de Estados Unidos, confirmándose lo que la sociedad hondureña siempre ha sospechado que alrededor de esa recaudación se constituyó un esquema de corrupción. “Eso viene del Gobierno pasado, pero en el Gobierno actual sigue ejecutando las mismas prácticas del pasado”, lamentó.

La Tasa de Seguridad, implementada hace más de diez años para combatir la crisis de violencia, se ha convertido en un "doble pago" injustificado para los hondureños, además no hay transparencia en la gestión de estos fondos, criticó el empresario Juan Ferrera.

Ante la nula mejoría en la seguridad, Ferrera consideró necesario una revisión total del sistema de cobro, luego de un análisis de la millonaria carga económica impuesta a los ciudadanos sin mayores resultados.

El impacto económico se siente especialmente en el sector productivo. Miles de ciudadanos pagan su seguridad en sus colonias y barrios, mientras que los empresarios pagan por la seguridad de sus negocios por separado, y al pagar la Tasa de Seguridad, se crea un "doble pago. Ese gravamen es grosero sobre todo porque no hay resultados positivos", afirmó Ferrera.

La objeción central de Ferrera es que el ciudadano no puede estar pagando en dos formas diferentes la seguridad. Argumenta que, al pagar impuestos generales, la población ya contribuye a financiar las instituciones de seguridad. Este pago adicional a través de la Tasa de Seguridad se convierte en una sobrecarga injusta, añadió

Ante este panorama, Ferrera hace un llamado a la acción cívica, recomendando que todos los ciudadanos "exijamos una revisión del sistema de pagar por un servicio que no se presta". Insistió en que la situación actual "amerita una revisión de los resultados y una permanente auditoría sobre esos recursos".