Sobreendeudamiento y opacidad en Tasa de Seguridad, una pesada carga para hondureños
Las cifras de endeudamiento, que se detallan en resoluciones internas del CNDS, revelan una vorágine de préstamos que comprometieron las finanzas públicas por una década
- 21 de septiembre de 2025 a las 23:30
Tegucigalpa, Honduras.- La Tasa de Seguridad, un impuesto selectivo creado en 2012 bajo la premisa de combatir la crisis de seguridad que azotaba a Honduras, con los años se convirtió en una fuente de opacidad y de un sobreendeudamiento que para el 2018 alcanzó los 4,046 millones de lempiras, readecuados bajo el compromiso de pago en los siguientes diez años.
EL HERALDO Plus tuvo acceso a unas 450 resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) entre el 2013 y 2020. En ellas está plasmada una escalofriante distribución de más de 30,000 millones de lempiras que se manejaron a través del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad.
El acelerado endeudamiento se dio en la medida que se repartían apresuradamente los recursos financieros a los operadores de justicia, la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Tal distribución rebasó la capacidad de recaudación anual de lo que percibía, obligando al mecanismo jurídico a recurrir a un endeudamiento con el sistema financiero y con algunos contratistas.
Mediante la resolución 037-2018, de fecha 26 de noviembre de 2018, el CNDS le ordenó a Juan Ramón Molina, coordinador de la Tasa de Seguridad (actualmente presó en Estados Unidos por lavado de activos en el manejo de esos fondos y por recibir sobornos) readecuar o refinanciar 4,046 millones lempiras de una deuda de 6,085 millones contraída entre el 2014 y 2018, a través de una veintena de préstamos pagaderos a corto plazo con seis bancos del país.
Para ese entonces a uno de los bancos todavía se le debía 1,394 millones de lempiras y se pidió un refinanciamiento a una tasa de interés del 11% y a un plazo de 10 años, con un año de gracia en pago de capital, más una comisión de desembolso 1%.
A otro le adeudaba 1,051 millones y solicitó una tasa de 11%, un plazo de 5 años sin periodo de gracia y sin comisión de desembolso.
Con una tercera institución financiera también tenía pendiente 400 millones y requirió extender a diez años el plazo de pago sin periodo de gracia, una tasa de 11% y una comisión de desembolso de 0.5%.
La mora con un cuarto banco era de 200 millones y buscó un refinanciamiento a una tasa de 11%, un plazo de diez años con un año de gracia en pago de capital y una comisión de desembolso del 1%. Similar cantidad le adeudaba a un quinto banco, pidiendo iguales condiciones, lo único que cambió en este caso fue el 0.5% de la comisión de desembolso.
Con un sexto banco el alcance era de 800 millones de lempiras y para poder pagar en el futuro pidió una tasa del 11%, un plazo de diez años con un año de gracia en pago de capital y una comisión de desembolso de 0.5%.
Ante la falta de solvencia, en la resolución 037-2018 se estableció que: “Por dificultades de liquidez, el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, ha logrado: 1. Negociar el refinanciamiento de los préstamos precitados con las Sociedades Mercantiles... en lo referente a readecuación de tasa y plazo, permitiendo utilizar el monto adicional para proyectos en ejecución”.
Además de “negociar condiciones óptimas para la suscripción de un nuevo préstamo...para financiar proyectos en ejecución”. Por razones de Seguridad Nacional, el CNDS “ha considerado necesario y oportuno autorizar al Coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, suscribir como condiciones mínimas de negociación con Instituciones del Sistema Financiero Nacional sin que sean limitativas para que a futuro se negocien mejores condiciones de financiamiento, a tal razón, proceda”.
Carga sin mayores beneficios
La documentación detalla que, a lo largo de los años, los préstamos adquiridos para financiar las acciones de los operadores de justicia y de las Fuerzas Armadas superaron con creces la capacidad de recaudación anual, generando una carga financiera que persiste hasta hoy.
Desde su implementación, la gestión de los fondos de este fideicomiso ha sido objeto de severos cuestionamientos. Los gastos exorbitantes, la falta de control y la ausencia de resultados perceptibles en la seguridad ciudadana han alimentado un debate público sobre su continuidad.
Para el diputado Carlos Umaña, quien ha sido una voz crítica, la Tasa de Seguridad no ha dado ningún beneficio y se sigue cobrando sin control. La falta de transparencia es absoluta, ya que el dinero se ha puesto en la caja única del Estado, sin que nadie sepa cuánto se paga o cuánto falta por pagar, cuestionó.
Subrayó que, aunque el gobierno actual podría eliminar este impuesto desde el Congreso Nacional, no lo ha hecho porque aducen que se debe mucho dinero. El diputado ve una contradicción en el hecho de que las autoridades atribuyen cualquier mejora en las estadísticas de seguridad al estado de excepción, no a la Tasa de Seguridad.
El parlamentario lamentó que el Ministerio Público no se haya interesado en investigar el fideicomiso. Él cree que la razón es que es una fuente de ingresos para el Estado, y las instituciones de control, al estar "instrumentalizadas," no lo permiten.
Préstamos por año
Entre el 31 de marzo de 2014 y el 31 de mayo de 2018, la Tasa de Seguridad adquirió 20 préstamos bancarios. En el 2014 contrajo 6 empréstitos por un valor de 1,400 millones; en el 2015 adquirió tres préstamos por una cantidad de 1,050 millones; en el 2016 fueron 4 préstamos por un monto total de 1,300 millones; en el 2017 la dinámica no cambió y obtuvo 4 créditos bancarios por un monto de 1,285 millones y en el 2018 adquirió tres empréstitos por una cantidad de 1,050 millones de lempiras.
En esos cinco años contrajo una deuda bancaria por un monto global de 6,085 millones de lempiras. En noviembre de 2018 la situación se volvió insostenible a tal extremo que al no poder honrar las obligaciones la Tasa de Seguridad se vio en la urgencia de readecuar 4,046 millones de lempiras, pidiendo plazos hasta de 10 años para cancelar.
La exsecretaria de Finanzas, Rixi Moncada, reveló en noviembre de 2022 que a esa fecha el fideicomiso reportaba una deuda por el orden de 7,300 millones de lempiras, los cuales se proyectaban terminar de pagar en 2029.
Las resoluciones revelan una historia de financiamiento masivo y acelerado que culminó en un multimillonario refinanciamiento. Frente a esta realidad diferentes voces coinciden en que el fideicomiso falló en su propósito original, destacando la falta de resultados tangibles en la seguridad y una opacidad que ha propiciado el uso indebido de los fondos.
Bajo esta situación, los entrevistados afirmaron que actualmente la Tasa de Seguridad, más que una solución en la lucha contra la violencia y criminalidad, se ha convertido en una pesada carga financiera para los hondureños y un símbolo de la falta de rendición de cuentas en el país.
La congresista y abogada Fátima Mena también compartió sus preocupaciones sobre la opacidad y el sobreendeudamiento. Ella califica la Tasa de Seguridad como un "dolor de cabeza" y afirma que la falta de transparencia ha convertido la partida en un esquema de corrupción.
Sostuvo que la falta de transparencia ha impedido una auditoría social o mediciones efectivas del uso de los fondos, lo que ha facilitado que los recursos se destinen a "contratos sobrevalorados o a pagarle lujos a algunos sectores, como carros blindados y seguridad para algunos burócratas.
La abogada resaltó que el problema principal es la falta de transparencia y que muchos de los recursos vienen con esquemas de protección a través de "reservas". Por ello, propone una reforma para un cierre obligatorio del fideicomiso y una auditoría forense para rendir cuentas sobre los fondos.
Aunque el fideicomiso para el manejo del fondo se eliminó por el Congreso Nacional en junio de 2022, junto con otros 18 contratos, el cobro de la Tasa de Seguridad continuó, quedando administrado por la Secretaría de Finanzas; además de que no se ha completado su proceso de liquidación, denunció el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Se estima que anualmente se recaudan en promedio unos 4,000 millones de lempiras, dinero absorbido principalmente por las secretarías de Defensa y Seguridad. Esta partida ahora ingresa a caja común, pero se maneja sin ningún tipo de transparencia y rendición de cuentas.
A pesar de que considera necesario el cierre de esa recaudación, ella cree que no hay un ambiente político para una reforma en el Congreso Nacional, ya que el gobierno de turno se beneficia de la Tasa de Seguridad. Su propuesta es que la eliminación sea un compromiso de un nuevo gobierno para poder cortar la carga del sobreendeudamiento.
