Bonos navideños, equipo militar y uniformes: Así derrocharon L5,300 millones de la Tasa de Seguridad
EL HERALDO Plus analizó compras por L5,300 millones que constan en resoluciones del CNDS. Se estima que entre 2013 y 2020 se recaudaron L30,000 millones, pero el manejo fue opaco. El actual gobierno ya ha recaudado L16,000 millones sin rendición de cuentas
- 16 de septiembre de 2025 a las 23:30
Tegucigalpa, Honduras.- La Tasa de Seguridad, vigente desde 2013, se convirtió en un esquema de despilfarro, corrupción y opacidad, en el que también están implicados operadores de justicia. El reciente juicio celebrado en Estados Unidos contra un empresario acusado de sobornar a exfuncionarios hondureños confirma las irregularidades cometidas con estos fondos públicos.
La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus accedió en exclusiva a 250 de 450 resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que desglosan cómo se gastaron unos 30,000 millones de la Tasa de Seguridad recaudados entre 2013 y 2020.
Este equipo analizó las compras valoradas por L5,300 millones que constan en resoluciones del CNDS con dinero procedente del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Poblacional.
Entre los principales gastos figuran, según la documentación analizada por este medio, compras directas de equipo militar y policial, incluyendo uniformes, armas, vehículos, helicópteros y radares, algunos de los cuales resultaron inservibles.
También se destinaron grandes sumas a proyectos tecnológicos como Ciudad Segura, un sistema de intervención de comunicaciones, y la contratación de software de espionaje.
El dinero también se destinó a fines ajenos al resguardo de los hondureños, como bonos, instrumentos musicales y hasta nacatamales, según reveló EL HERALDO Plus en publicaciones anteriores.
Aunque el actual gobierno eliminó la Ley de Secretos, que permitió el uso opaco del fondo, así com el fideicomiso que blindaba su manejo, esta administración ha gestionado al menos 16,000 millones de lempiras sin una rendición de cuentas clara, de acuerdo con un reporte del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Ante el silencio de los entes contralores del Estado y del propio Ministerio Público, la justicia estadounidense decidió abrir proceso judicial contra Roberto Cosenza, exdirector de la Tasa de Seguridad, y Juan Ramón Molina, coordinador del Comité Técnico de este organismo.
Una Corte Federal de Florida acusó a ambos exfuncionarios hondureños por conspiración para cometer lavado de activos junto al empresario Carl Alan Zaglin, propietario de la firma Atlanco LLC.
Zaglin fue hallado culpable el lunes pasado por haber lavado dinero y entregado sobornos a cambio de obtener, al menos, dos contratos para la provisión de uniformes, financiados con recursos de la Tasa de Seguridad, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
También fue acusado Aldo Néstor Marchena, aliado de Zaglin, quien ya se había declarado culpable, al igual que los dos exfuncionarios hondureños.
La justicia estadounidense no toleró que empresarios y funcionarios hondureños utilizaran su sistema financiero para lavar dinero mediante contratos financiados con la Tasa de Seguridad. El 4 de abril del 2024 Cosenza fue extraditado, mientras que Molina se presentó voluntariamente.
Ambos admitieron haber sido parte de una estructura dedicada a adjudicar contratos a una empresa estadounidense para la compra de uniformes y otros insumos para la Policía Nacional, a cambio de millonarios sobornos. Tras estas confesiones, también quedó implicado el exministro de Seguridad, el general retirado Julián Pacheco.
Las huellas del caso están documentadas en tres resoluciones emitidas entre 2015 y 2016 por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Estos documentos revelan que, bajo autorización del expresidente Juan Orlando Hernández, el Comité Técnico de la Tasa de Seguridad compró directamente uniformes a la empresa Atlanco LLC, con sede en Georgia, desplazando a la firma Tactical Products Group.
Una carga
De acuerdo con el abogado Oliver Erazo, alrededor de la Tasa de Seguridad hay una situación sumamente delicada en relación a la poca auditoría social implementada por los órganos operadores contralores y de justicia. “Los hondureños estamos absolutamente a ciegas, no sabemos cómo se manejan esos recursos”.
Sobre la Tasa de Seguridad hay silencio y opacidad. “Ese tono grisáceo de la falta de información para poder tener una claridad y poder exigir controles para que no se den las situaciones por las cuales están siendo procesados dos hondureños en Estados Unidos siguen siendo igual o peor al día de hoy".
"Estados Unidos está actuando porque aquí en Honduras no se procesan a los delincuentes de cuello blanco. Eso que está sucediendo en Estados Unidos podría estarse dando en Honduras este mismo momento con las actuales autoridades, pero no", lamentó Erazo.
Lamentó que la Tasa de Seguridad “aparte de ser una carga tributaria, una carga impositiva exagerada para el pueblo hondureño, no ha dado resultados en lo absoluto. Mire, en materia de seguridad, seguimos siendo un país altamente inseguro. No se ha reducido la extorsión, los índices de impacto en la cadena del delito".
"Eso ha sido una recolecta de dinero para que se lo gasten, se lo roben los políticos, bajo el argumento que es dinero para la seguridad. Pero eso no ha sido cierto. Y para mostrar tenemos el nivel de seguridad en el que vivimos todos los hondureños. Todo lo demás es para de contar. Todo lo demás es mentira, es eslogan y es campaña publicitaria”, criticó.
Erazo fue todavía más crítico por la aplicación del gravamen: "¿Tasa de seguridad para qué? Para estar inseguro. O sea, nos sacan dinero todos los días, cada segundo, a cada minuto para vivir bajo la extorsión y bajo la inseguridad de las maras y del crimen organizado en Honduras".
Analizó que para enfrentar la delincuencia y criminalidad, además de recursos, se debe tener una política integral de seguridad, y “no poner en el Ministerio de Seguridad y de Defensa y en las Fuerzas Armadas a los delincuentes a manejar la seguridad, sino a funcionarios que respeten la Constitución y la ley. Que realmente sean garantes y atalayas de lo que van a representar y de las instituciones que van a representar”.
Recordó que El Salvador implementó una política eficaz, pero Honduras no alcanza ni el 15% del resultado del país vecino. "¿Cuál es el nivel de incompetencia de los hondureños? ¿Cuál es el nivel de miopía funcional que tiene el funcionario y servidor público de Honduras? ¿Hasta dónde llega el nivel de corrupción y de criminalidad de nuestros funcionarios?", cuestionó Erazo.
Compras, latrocinio e indiferencia
Desde 2018, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus ha documentado el despilfarro y la corrupción en el manejo de los fondos de la Tasa de Seguridad.
A pesar de las denuncias, ni el Ministerio Público (MP), ni el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ni la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) actuaron con contundencia.
El único requerimiento fiscal reciente fue presentado por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-Adpol). Este fue dirigido contra Juan Ramón Molina, coordinador del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad, y Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards, por los delitos de abuso de autoridad, fraude y lavado de activos, al haber manejado 18.5 millones de lempiras provenientes de este fondo.
Desde la administración de Porfirio Lobo Sosa (2010-2013), los recursos de la Tasa de Seguridad fluyeron de manera descontrolada hacia diversas instituciones: la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (DNII), el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Dirección de Migración, la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas (Conapid) y hasta a organizaciones religiosas.
El uso irregular continuó durante las dos administraciones de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), protegido por la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Defensa y Seguridad Nacional, más conocida como ley de secretos.
En estos tres periodos gubernamentales (2010-2022), se estima que más de 30,000 millones de lempiras fueron transferidos desde la Tasa de Seguridad a distintas entidades, con destino a construcción de edificios militares y policiales, operaciones de seguridad, construcción de cárceles, compra de uniformes, armas, equipos antimotines y radares.
También adquirieron teléfonos, instrumentos musicales, cámaras, software para espionaje, alquiler y compra de vehículos, motocicletas, helicópteros, reparación de aviones, protección de diputados, pago de salarios, plus salariales, bonos navideños, bonos a jueces y hasta para compra de nacatamales, entre otros.
Desde 2013, los proyectos vinculados a ciudades seguras y labores de espionaje representaron un alto costo para los hondureños. Solo en enero de este año, con fondos de la Tasa de Seguridad, se pagaron 9.5 millones de dólares (unos 190 millones de lempiras, al cambio de esa fecha) a la sociedad mercantil NICETrac API Package, contratada por la Secretaría de Defensa.
Este compañía fue contratada por la Secretaría de Defensa para la dotación de equipos, sistemas, licencias de software, servicios de instalación y así dar cumplimiento a la ley sobre intervenciones de las comunicaciones privadas para la Unidad de Intervención de las comunicaciones (UIC).
Igualmente, en ese mismo mes, se ordenó pagar 685 millones de lempiras a la sociedad mercantil MICEI Technologies por la instalación de la “Plataforma Tecnológica Inteligente "Ciudad Segura".
También en 2013, las Fuerzas Armadas compraron tres radares a la empresa israelí Mer Security and Communication Systems Ltd por un monto de 25 millones de dólares (unos 500 millones de lempiras). Según técnicos militares, estos radares nunca funcionaron.
Durante los años 2014, 2015 y 2016, las compras directas y la entrega de recursos se dispararon. Entre la repartición y manejo del dinero en el 2014 destacan transferencias de 351.8 millones de lempiras para la segunda etapa de la Policía Militar.
Se registró otra transferencia de L202.5 millones para que participaran en la operación Morazán; mientras que a la Policía Preventiva le dieron L258.5 millones para la misma operación, dinero manejado sin fiscalización.
El 19 de mayo de 2014, se aprobaron L104.5 millones para la compra de 171 vehículos para las Fuerzas Armadas: seis camiones, 55 pick-ups doble cabina, 55 pick-ups cabina sencilla y 55 camiones pequeños.
En junio de ese año, las Fuerzas Armadas recibieron L81.4 millones para construir el complejo de rehabilitación para adultos en la cárcel de El Porvenir, Francisco Morazán.
Por otro lado, en julio de 2014 se aprobaron 135.2 millones de lempiras para que la Secretaría de Defensa creara el Décimo Séptimo batallón Celaque.
Asimismo, en octubre de ese mismo año se ordenó desembolsar a los militares 6.1 millones de dólares (L130 millones) para la compra de repuestos de dos helicópteros, más 13.3 millones dólares (L280 millones) para ejecutar el retorno al servicio de seis aviones tucanos y otros 12.3 millones dólares (L260 millones) para la compra de un helicóptero Bell modelo 412.
De igual forma, el 2 de junio de 2014 el CNDS ordenó transferir 1.1 millón de dólares (L23 millones) al Ministerio Público para que comprara 20 vehículos a un precio de 30,000 dólares cada uno, y cinco vehículos blindados a un precio de 80,000 dólares.
En julio de 2014 a la DNII le entregaron 1.7 millones de dólares (L35.7 millones) para la compra de 400 fusiles de asalto, 600 pistolas Jericho, 10 silenciadores para pistola, diez silenciadores para fusil.
El 9 de octubre de 2014, la CNDS aprobó la resolución 100-2014, liberando 7.2 millones de dólares (L150 millones) para la compra del sistema táctico de localización intercepción y bloqueo local de señales (hardware, software): 6.6 millones de dólares que proveería la empresa Verint Systms LTD y 557,226 dólares para la construcción y acondicionamiento del anexo de comando control y comunicaciones para supervisar los sistemas de equipo desplegados en todo el territorio.
El 15 de agosto de 2016, mediante la resolución 27-2016 se modificó la resolución 100-2014 y la cantidad de dinero pasa a 10.1 millones dólares (más de L200 millones), argumentándose que hay una extensión de mantenimiento y actualización de las plataformas tecnológicas, por cuenta de la DNII.
De igual manera, según la resolución 030-2014, se pagó 1,290,900 dólares (L29.5 millones) a la sociedad mercanti Sekura Holding LLC por una evaluación, diseño y diagnóstico de asistencia técnica, implementación en los aeropuertos Toncontín, Ramón Villeda Morales, Golosón y de Roatán.
Hasta bonos navideños
En diciembre de 2014 se repartieron 50 millones de lempiras en bonos como incentivos navideños: L3.5 millones para la Corte Suprema de Justicia, L1.6 millones para el Ministerio Público y L7 millones para la DNII.
Asimismo, de ese paquete se asignaron 18.7 millones para las Fuerzas Armadas e igual cantidad para la Secretaría de Seguridad, L100,000 lempiras para el Comité Técnico de la Tasa de Seguridad y L255,000 para la OABI.
Asimismo, en el 2015, mediante la resolución 06-2015 el CNDS ordenó transferir a la Secretaría de Seguridad la cantidad de 90.2 millones de dólares (2,000 millones) para la ejecución de proyecto Ciudad Segura Valle de Sula, contratando a la empresa Dynamic Corporation.
Igual, en ese mismo año se ordenó entregarle al Ministerio Público la cantidad de 728.9 millones de lempiras para la persecución penal y el acceso a la justicia. Otros 61.4 millones fueron asignados para contratación de recurso humano para a cárcel El Porvenir, Francisco Morazán, adquisición de recursos materiales.
Del mismo modo, en el 2015 se asignaron a la Secretaría de Seguridad 210.2 millones de lempiras para el proyecto de adiestramiento básico de 400 agentes penitenciarios.
En agosto de 2016, se ordenó desembolsarle a la Secretaría de Seguridad otros 7.3 millones de dólares (L160 millones) para la compra de nuevos uniformes policiales adquiridos a la Industria Militar y a la empresa Atlanco LLC, bajo contratación directa.
En enero de 2017, se aprobaron 2,353,500 dólares (L55.7 millones) a la Secretaría de seguridad para el proyecto solución de ubicación precisa para emergencias de 911, cuyo proveedor era la empresa Verint Systems INC. Asimismo para ese año se pidió a Finanzas reservar 363.6 millones de lempiras para la cuarta etapa de la Policía Militar.
Debido a que todas los gastos se realizaron mediante compras directas y sin un control, miembros de la Tasa de Seguridad, empresarios, coroneles, generales, abogados y exfuncionarios públicos terminaron millonarios, con mansiones y haciendas.
Aunque el gobierno de Xiomara Castro eliminó el fideicomiso que operaba este fondo, la recaudación del impuesto continuó sin interrupciones.
Según un análisis del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), entre 2022 y 2025 el actual gobierno recaudó 16,133 millones de lempiras mediante este mismo tributo.
Se tratan de recursos que el actual gobierno maneja de manera discrecional, similar a la administración de Hernández.
Tasa de la corrupción
El abogado y analista Lester Ramírez consideró que a la Tasa de Seguridad debería llamarse tasa de la corrupción, porque se trata de una recaudación y distribución que “no tiene nada de controles, nada de rendición de cuentas, nada de transparencia”.
"Si no es por la justicia norteamericana no nos daríamos cuenta de todo lo que ha pasado ahí. Estaba viendo hoy que ustedes tienen un dato de la recaudación de 13 mil millones desde el 2022, pero no se sabe cómo se ha gastado ese dinero, solo se sabe cuánto se ha recaudado", fustigó.
Ramírez consideró que "creo que mientras no exista rendición de cuentas y mientras esto no tenga un manejo realmente eficiente, siempre va a ser un lugar donde va a haber corrupción. Esa es mi preocupación. Los factores y los riesgos de corrupción siempre están ahí presentes. Son millones de lempiras que se recaudan a diario de la tasa de seguridad y sin ningún tipo de control".
La Tasa de Seguridad fue "un esquema, podría decirse bien montado para actos de corrupción, porque se ocultaba bajo la ley de secretos. El presidente y un grupo de operadores de justicia decidían a dónde iba el dinero y eran los mismos operadores de justicia que se beneficiaban de ese dinero. También estaba las Fuerzas Armadas y ciertos políticos”, lamentó.
