El gobierno de Porfirio Lobo Sosa autorizó la contratación directa para invertir 685 millones de lempiras en más de dos mil cámaras inteligentes.
El Acuerdo Ejecutivo No. 021-2010, al que tuvo acceso EL HERALDO, se publicó en el diario oficial La Gaceta el 10 de enero de 2011, pocos repararon en su contenido. En su artículo uno Lobo Sosa autoriza a la Secretaría de Seguridad para que mediante un procedimiento de contratación directa pueda adquirir, para el fortalecimiento de la Policía Nacional, el servicio para la implementación de la Plataforma Tecnológica Inteligente (Ciudad Segura) e Implementación del Centro de Comando y Control, por un monto de 685 millones 80 mil 285 lempiras con fondos nacionales.
El Acuerdo lo suscribió Lobo Sosa y el entonces ministro de Seguridad, Óscar Álvarez.
La contratación directa refiere a la compra de más de dos mil cámaras de video inteligentes, a instalar en la capital, con su respectivo centro de operaciones y capacitación de policías, el paquete al costo millonario de las arcas del Estado.
EL HERALDO conoció documentación que acredita que el proyecto se adjudicó a la empresa israelí NICE, que en Honduras está representada por MICEI International.
Justificación
El proyecto de Ciudades Inteligentes se originó en el 2010, en la gestión de Óscar Álvarez, con el ánimo de mejorar el sistema de vigilancia.
Con Lobo Sosa se acordó que en lugar de contratar más policías era mejor invertir en tecnología para vigilar y contrarrestar la delincuencia en las calles de la capital. Fue así que se valoró la compra de cámaras de video para controlar el accionar delincuencial como el de los propios policías, justificó a EL HERALDO, el exsecretario general de Seguridad, Jaime Banegas.
El exfuncionario dijo que la plataforma tecnológica no es barata, pero no tan oneroso. Un dictamen de Finanzas avaló la existencia de recursos para el proyecto, a cancelar en tres pagos, el último en diciembre de 2013. Por ello el Congreso Nacional no conoció el contrato porque no trasciende a otro gobierno. “El ministro de Finanzas, Chong Wong, autorizó el pago, es legal”, afirmó. Al cancelar el contrato las cámaras y el resto del equipo tecnológico pasan a ser propiedad del Estado.
El proyecto piloto en la capital inició con la instalación de más de dos mil cámaras en zonas de mayor incidencia de criminalidad, como en patrullas. Son denominadas inteligentes porque se movilizan los 360 grados, si hay un disparo o grito se ubica donde se originó y cuenta con botones de pánico, activado por alguien que es asaltado, por ejemplo, explicó. Un centro de operaciones instalado en Casamata recaba la información y envía patrullas. Banegas destacó que el video adquiere un valor probatorio en los juicios.
Además, la inversión contempla un centro de comando de llamadas denominado 911, para atender alertas de ciudadanos.
Argumentó que el proyecto no se informó de manera pública porque es de seguridad nacional. Si se debate el tema se advierte al crimen organizado, dijo.
