Tegucigalpa, Honduras.- Solo dos (de los cuatro) precandidatos del Partido Nacional, Ana García y Roberto Martínez, se enfrentaron el 7 de febrero en el debate “De frente” televisado previo a las elecciones primarias del 9 de marzo.
El conversatorio fue organizado por la Universidad de San Pedro Sula (USAP) y se estructuró en cuatro ejes: economía y empleo; inversión social y juventud; seguridad, transparencia y democracia, y política exterior.
Entre las afirmaciones, García y Martínez colaron falsedades, verdades y declaraciones sin fundamento. Otras aseveraciones formaron parte de su retórica política y plan de gobierno, por lo que no fueron verificadas.
A continuación, la recopilación de afirmaciones chequeadas por EL HERALDO Verifica:
En Honduras la tasa de informalidad laboral actual está en 82%; es decir, que 8 de cada 10 hondureños que son económicamente activos trabajan en el sector informal, de acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicado en octubre de 2024.
A nivel centroamericano, Honduras se posiciona como el país con la tasa de informalidad laboral más alta (82%), seguido por Guatemala, que tiene el 79%, y El Salvador, que cuenta con la tasa de informalidad de 68%.
En ese sentido, Honduras se posiciona como el segundo país con mayor tasa de empleo informal en América Latina, solamente superado por Bolivia.
García utilizó datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Honduras, que datan de septiembre de 2022, que señalan que la tasa de empleo informal en el país era del 73%, pero los actuales reflejan un descenso en la informalidad laboral en Honduras.
La finalización del mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), en enero de 2020, fue resultado de la falta de acuerdo entre el gobierno de ese entonces y la Organización de los Estados Americanos (OEA) para su renovación.
En diciembre de 2019, una comisión especial del Congreso Nacional, liderada por el Partido Nacional, recomendó al Poder Ejecutivo no renovar el convenio con la Maccih, argumentando que había “lesionado la independencia judicial del país” y que, según ellos, no había tenido “los resultados esperados”.
El gobierno propuso a la OEA “la construcción de un nuevo sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad y fortalecimiento del Estado de derecho”, pero esta iniciativa no fue respaldada por el organismo internacional.
“No alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio entre el Estado de Honduras y la Secretaría General de la OEA’, dijo un comunicado del gobierno cuando se venció el acuerdo, el 19 de enero de 2020.
Un análisis de la Fundación Friedrich Ebert también concluye que la no renovación del convenio de la Maccih fue consecuencia de una estrategia desde el gobierno, que buscaba desmantelar los avances en la lucha contra la corrupción en Honduras
“La no renovación del convenio no fue un hecho al azar, fue consecuencia de una estrategia cuidadosamente diseñada desde las máximas esferas del poder político en conjunto con actores internacionales”, indicó.
El Programa de Merienda Escolar en Honduras se implementó por primera vez en 1999, durante el gobierno liberal de Carlos Flores. Esta iniciativa fue impulsada por la entonces primera dama, Mary de Flores, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), beneficiando inicialmente a 100,000 niños y niñas.
Además, en noviembre de 2006, durante el gobierno de Manuel Zelaya, se creó la Ley de la Merienda Escolar, beneficio que garantiza todos los años de estudio gracias al Fondo Nacional de Merienda Escolar, que se financia mediante el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Desde su creación, el programa ha contado con el apoyo de sucesivos gobiernos y la colaboración de organismos internacionales, ampliando su cobertura para beneficiar a niños y niñas en todo el país, creando así el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), por parte del gobierno de Honduras, que se mantiene en la actual administración.
Según el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2022 (aprobado en el último año de la administración de Juan Orlando Hernández), publicado por la Secretaría de Finanzas de Honduras, se asignaron recursos para este programa, aunque el documento no especifica el monto exacto destinado a la merienda escolar.
El programa se pausó en 2020 producto de la pandemia del covid-19 y fue hasta inicios de 2022, con el nuevo gobierno, que el programa se reactivó a nivel nacional con el retorno a clases presenciales.
El Programa de Becas “Honduras 20/20” fue una iniciativa implementada durante los gobiernos del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022) para apoyar a jóvenes en estudios de educación media, como superiores, tanto a nivel nacional como internacional.
Sin embargo, tras el cambio de gobierno, en enero de 2022, la nueva administración decidió poner fin a este programa.
En marzo de 2023, el gobierno emitió el decreto ejecutivo PCM-09-2023, instruyendo a la Secretaría de Finanzas (Sefin) a rescindir y liquidar el contrato de fideicomiso que administraba los fondos de las “Becas 20/20”.
Esta decisión se basó en la intención de reestructurar y crear un nuevo programa por parte del gobierno entrante de Xiomara Castro.
Posteriormente, se anunció la creación del programa “Becas Solidarias”, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con el objetivo de brindar apoyo a estudiantes de escasos recursos para que cursen los estudios de educación superior.
Es cierto que el programa de becas creado por el Partido Nacional fue discontinuado por la administración de Libre, pero se ha implementado el programa “Becas Solidarias” en su lugar.
El 24 de junio de 2021, durante el último año de mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022) se inauguró la Embajada de Honduras en Jerusalén, que anteriormente funcionaba en la ciudad de Tel Aviv, Israel.
Durante la administración del expresidente Ricardo Maduro (2002-2006) se suscribieron convenios de cooperación entre el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la República de China (Taiwán), referentes a la educación.
Por ejemplo, la V Reunión de jefes de Estado y de Gobierno entre la República de China Taiwán y los países centroamericanos, celebrada en septiembre de 2005, tuvo como resultado la Declaración Conjunta que reafirmaba los lazos de amistad y cooperación entre Taiwán y los países miembros del SICA.
Entre los compromisos asumidos se destacó el fomento del programa de “La Beca de Taiwán” para que estudiantes centroamericanos pudieran realizar estudios en la nación asiática.
Un informe de mercado de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) revela que el volumen exportado se redujo en 2024 de 24.3 a 9.3 millones de libras, lo que representó 14.9 millones de libras menos.
Los compradores taiwaneses recortaron las exportaciones de camarón cultivado en Choluteca y Valle después que el gobierno de Honduras suspendió las relaciones diplomáticas y, por ende, el tratado comercial entre ambas naciones.
Del mismo modo, el dato proporcionado por Martínez sobre la exportación de camarón en 2022 es incorrecto. En 2022, Honduras exportó más de 29 millones de libras de camarón a Taiwán, lo que representó el 38.5% del total de las exportaciones de camarón cultivado en el país, de acuerdo a un informe de la Andah.
El 28 de agosto de 2024, el gobierno de Honduras notificó oficialmente a Estados Unidos su decisión de dar por terminado el tratado, tras la denuncia que realizó la presidenta Xiomara Castro.
Según el artículo 14 del tratado, cualquiera de los dos gobiernos puede dar por terminado el acuerdo mediante una notificación formal al otro gobierno, y la terminación surtirá efecto “seis meses después de (la) notificación”.
La reelección no es universal y varía según la legislación de cada país. Algunos permiten la reelección indefinida, otros la limitan y algunos la prohíben totalmente.
Algunos países permiten que un presidente sea reelegido sin límite de mandatos, como Rusia, Venezuela, Nicaragua y Bielorrusia.
Por otra parte, en muchos países, un presidente puede ser reelegido por uno o dos períodos consecutivos, pero luego debe dejar el cargo como Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Francia, Colombia, Chile.
Asimismo, solo algunos países prohíben la reelección inmediata, pero permiten que un expresidente vuelva a postularse después de un período de tiempo, por ejemplo se encuentra Costa Rica, Uruguay, Panamá, República Dominicana.
Estos tres proyectos han sido mencionados en planes y discursos de diferentes administraciones. Durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales en 2006 se hicieron estudios para el complejo hidroeléctrico de las tres centrales (Patuca I, II y III).
Sin embargo, la construcción de Patuca I y II no se concretó.
Patuca III comenzó a tomar forma durante la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), cuando el contrato fue suscrito, en 2013.
La construcción de Patuca III data desde mayo de 2011, pausándose hasta 2015, que fue retomada con financiamiento del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC).
La obra fue inaugurada oficialmente durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), el 17 de enero de 2021.
China Continental (República Popular China) y Taiwán (República de China) no pueden tener relaciones diplomáticas formales porque la República Popular China (RPC) considera a Taiwán como una provincia y no como un país independiente.
Además, debido a la política “Una sola China”, China Continental sostiene que solo existe una China y que Taiwán es parte de su territorio.
Por este principio, no reconoce a Taiwán como un estado independiente y exige que los países que deseen tener relaciones con Beijing rompan relaciones diplomáticas con Taiwán, como sucedió con Honduras.
La Constitución de 1982, en su artículo 102, establecía que “ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero”, esta disposición fue modificada en 2012 mediante reforma constitucional en el Congreso Nacional.
En 2012, el Congreso Nacional aprobó la reforma al artículo 102, permitiendo la extradición de hondureños por delitos relacionados con el narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.
La reforma entró en vigencia con la publicación del decreto legislativo 233-2012, lo que permitió que desde 2014 iniciaran las primeras extradiciones de ciudadanos hondureños a Estados Unidos, disposición que se mantiene en la actualidad.
